El Gobierno y Junts per Catalunya se han puesto manos a la obra con el nuevo decreto de vivienda, encallado desde hace meses por el desacuerdo del grupo parlamentario de Míriam Nogueras con los textos que había presentado o esbozado hasta ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez. Después del polémico desahucio de Maricarmen en Madrid, el Ministerio de Vivienda se ha sentado a estudiar las propuestas de la formación independentista. Según ha avanzado este viernes el diario Ara y ha podido confirmar ElNacional.cat, el partido de Carles Puigdemont ha puesto sobre la mesa propuestas dirigidas a los fondos de inversión: que se prohíban los desahucios en viviendas de su propiedad y también fijar un periodo de tiempo que no les permita comprar inmuebles.
Según explican fuentes de Junts, han propuesto al Gobierno detener los desahucios cuando la propiedad sea de un fondo buitre. En el caso de un pequeño propietario, los independentistas piden que sea la administración quien se ocupe de compensar las pérdidas económicas. Insisten en que estos gastos no pueden recaer en un particular cuando se pagan impuestos. Por otra parte, Junts también propone que los fondos no puedan comprar vivienda de manera temporal. Señalan que esto beneficia que pueda ser la administración quien los compre, y prevén que esto se traduciría en un equilibrio de los precios.
Las fuentes de Junts consultadas por este periódico confían en que Podemos se sume a sus propuestas y, de esta manera, el decreto pueda aprobarse en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes y convalidarse al cabo de unos días en el Congreso de los Diputados. Este viernes, la número dos y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido que el real decreto sobre vivienda que negocia el Gobierno será "un parche" y todavía no ha garantizado el apoyo de su formación a este paquete de medidas. "Deseo de verdad que sea un real decreto serio, que tome conciencia de la gravedad que vive la gente", ha indicado en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Nogueras asegura que el PSOE ve sus propuestas "con buenos ojos"
Este viernes, en una entrevista en la SER, Nogueras ha afirmado que el PSOE "ve con buenos ojos" sus propuestas porque son "de consenso" y es "inimaginable" que alguien no esté de acuerdo. Según la portavoz de Junts en Madrid, "se ha jugado políticamente" con la cuestión de la vivienda y, según cree, dar la imagen "de incapacidad" de llegar a consensos es "lamentable".
Sumar ve "margen para el acuerdo" con Junts y se abre a aprobar rebajas fiscales
Por su parte, el ministro de Cultura, el sumarita catalán Ernest Urtasun, ha afirmado que ve "margen para el acuerdo" en esta negociación. "Junts ha hecho propuestas y yo hoy quiero decir que nuestra mano tendida siempre ha estado aquí y que yo creo que es importante que este diálogo se produzca", ha dicho también en la SER. Asimismo, ha apuntado que están "dispuestos a estudiar" propuestas como las rebajas fiscales que reclaman los de Carles Puigdemont.
Las propuestas de Junts
Junts registró hace meses una proposición no de ley para recuperar y ampliar las deducciones fiscales en el IRPF. Proponían una deducción del 15% por la compra de la vivienda habitual, que incluya el precio de adquisición, la amortización del capital, los intereses hipotecarios y los gastos asociados, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente. La misma deducción se aplicaría a las viviendas destinadas a alquiler habitual, excepto los arrendamientos turísticos o de temporada. También planteaban una deducción del 15% por las aportaciones a cuentas destinadas a la primera compra o rehabilitación de vivienda, siempre que estas se materialicen en un máximo de cuatro años. Para el alquiler, proponían una deducción del 15% para los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 33.007,20 euros, aplicada sobre las rentas pagadas y con el mismo límite anual de 11.630 euros.
Junts también planteaba permitir a los deudores hipotecarios extinguir la deuda cuando el crédito se haya vendido a un tercero, como un fondo de inversión, abonando el precio real de cesión, los intereses y los gastos. El deudor tendría 90 días para ejercer este derecho, que sería irrenunciable. La propuesta también reforzaba las obligaciones de información de los cesionarios y ampliaba la definición de vivienda habitual en el IRPF para incluir a personas trasladadas a residencias o centros sociosanitarios.
Por último, Junts se abría a prorrogar los contratos de alquiler vigentes, pero defendían que solo se aplique a los inquilinos al corriente de pago y que el propietario pueda recuperar la vivienda si la necesita. También reclamaban actualizar las rentas según el índice de referencia para la actualización de contratos de alquiler e impedir que los grandes tenedores eviten los límites de precios de las zonas tensionadas mediante prórrogas contractuales.