Junts per Catalunya sitúa las elecciones generales 2023 como una oportunidad para "cambiarlo todo". La candidatura que encabeza Míriam Nogueras apela a la "indignación" a través de una actitud "combativa, firme y comprometida". En su programa electoral de 148 páginas, los juntaires apuntalan la estrategia de confrontación con el Estado seguida desde el exilio y apuestan por "recurrir a todas las acciones políticas necesarias para hacer efectiva la independencia de Catalunya, siempre que sean democráticas y no violentas". Los ejes de esta política son, según explican, la "internacionalización" del caso catalán y poner a "trabajar el Congreso por la causa independentista" por la vía de "hacer caer en contradicciones al Estado que certifique el abismo que les separa con respecto al estado de derecho europeo". Eso es nuclear, desde el punto de vista de Junts, para "acumular evidencias que constituimos un grupo objetivamente identificable".

🟡 Listas electorales en las generales 2023 Catalunya

En este contexto, el programa de Junts traza un paquete de reformas que pongan a España "ante el espejo de los estándares de derecho internacionales y del derecho europeo". El partido quiere impulsar iniciativas legislativas que obliguen a los partidos a posicionar, como una 'reforma de la reforma' de los delitos de malversación y de desórdenes públicos agravados o una ley de amnistía. Todavía enmarcado en la agenda judicial de los juntaires para la cámara baja española, quieren impulsar cambios en la ley de memoria democrática porque el actual "mantiene la impunidad de los crímenes franquistas", una nueva legislación sobre los secretos oficiales, la derogación de la ley mordaza, modificaciones en el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial, retirar funciones judiciales al Tribunal de Cuentas o la supresión de la inelegibilidad sobrevenida (artículo que la Junta Electoral ha utilizado, por ejemplo, para retirar el acta al expresident Quim Torra, al exdiputado Pau Juvillà o a la presidenta de Junts, Laura Borràs).

"Ni un solo voto a cambio de nada"

Junts sostiene que la dicotomía de este 23-J es "Catalunya o España" y subraya que quieren "cambiarlo todo" porque en los últimos cuatro años Catalunya ha "perdido competencias y recursos económicos, ha recibido ataques a la lengua y a la cultura, la mesa de diálogo ha sido inútil y todavía hay persecución política e ideológica". En este sentido, afirman que ningún voto será "a cambio de nada": "Ningún voto a nadie que mienta y expolie a Catalunya, ni a nadie que niegue el derecho a la autodeterminación; no regalaremos los votos a quien no nos paga, a quien nos humilla, miente y espía, a los que menosprecian nuestra lengua".

Traspaso de los aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles e infraestructuras del agua

El programa, que incluye varias páginas para detallar los agravios del Estado hacia Catalunya, denuncia, entre otros, un sistema de financiación injusta. El partido reclama una modificación de este modelo "mientras Catalunya no sea independiente" que aplique el "principio de ordinalidad", que compense la "insuficiencia de recursos" que Catalunya sufre desde el 2014 y que incorpore la variable "coste de la vida" al cálculo de las necesidades de cada territorio. En paralelo, piden la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica. Además, con respecto al déficit de inversiones, Junts exige que el Estado tenga que invertir en Catalunya "en función del peso del PIB catalán respecto del PIB estatal", es decir, en torno al 19-20%, e insiste en el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto, recordando que la deuda asciende a casi 4.000 millones de euros.

En relación con las principales infraestructuras de titularidad estatal de transporte y comunicaciones en Catalunya, los juntaires apuestan porque la Generalitat sea "la gestora" de estas. Concretamente, reclaman el traspaso de los aeropuertos de Barcelona, Girona, Reus y Sabadell; los puertos de Barcelona y Tarragona; el Consorci de la Zona Franca o el cumplimiento del plan de Rodalies. Con respecto al catalán, Junts reitera la necesidad de que sea lengua oficial en el marco de la Unión Europea y que, por extensión, tenga más presencia en la administración de la justicia. Eso significaría, entre otros, la obligación que los jueces y fiscales conozcan la lengua, y también que el Boletín Oficial del Estado se vuelva a publicar en catalán.

Con respecto a la política fiscal, Junts plantea hacer ajustes a fin de que los que más tienen, aporten más sin que eso implique subir la presión ya existente. Al mismo tiempo, reclaman medidas para "evitar el dumping fiscal" que implica inconvenientes para las empresas catalanas. Además, piden la gestión del Ingreso Mínimo Vital, aumentar el salario mínimo interprofesional, incrementar el parque público de vivienda (haciendo énfasis en los pisos de la Sareb para poder destinarlos a los jóvenes) o que se haga una reforma de la ley electoral a fin de que los jóvenes de 16 años tengan derecho al voto. Puedes consultar el programa completo a continuación: