El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión sin fianza al expresidente madrileño Ignacio González, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Lezo, donde se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, han informado fuentes jurídicas.

Esta pena coincide con la que pedía el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Yañez, una vez este ha acabado la declaración por aclarar su gestión como presidente del Canal de Isabel II de Madrid.

El juez considera que González, junto con los otros 12 detenidos habría desviado de las arcas públicas 23 millones de euros a través de operaciones de la empresa y de sus filiales en Latinoamérica.

Según el juez de la Audiencia Nacional, se produjeron "irregularidades" en la adquisición por parte de la filial brasileña del Canal de Isabell II de la empresa Emissao, "hipervalorada ficticiamente" para pagar "comisiones prohibidas" y para "desviar dinero público" en cuentas bancarias para "el enriquecimiento injusto" de la trama.

Un millón para las cuentas del partido

El ex presidente de la Comunidad de Madrid también habría desviado un millón de euros para sanear las cuentas del Partido Popular en la capital. Concretamente, según el juez Velasco, González movió ilícitamente dinero de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional.

Entre los indicios delictivos que el juez de la Operación Lezo atribuye al ex líder madrileño también está el cobro de una comisión de 1,4 millones por parte de OHL, la cual habría sido autorizada por el consejero de la constructora Javier López Madrid, quien también forma parte de la lista de detenidos.

 

Ayer prestó declaración Pablo González, el hermano del considerado jefe de la trama, que no quiso responder ninguna pregunta. Antes de González, había declarado el ex presidente de la filial iberoamericana de la empresa, Inassa, y actual consejero delegado de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, para quien el juez ha decretado prisión sin fianza, y su ex secretaria, Clarisa Guerra, que ha quedado en libertad con medidas cautelares.

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