La portavoz del Govern, Neus Munté, ya ha advertido que si el TC falla en contra de la prohibición de hacer corridas de toros, el ejecutivo catalán hará lo posible para dejar sin efectos la sentencia. 

"Si esto se confirmara, nosotros inmediatamente nos pondríamos a trabajar para impedir que la sentencia tuviera ningún efecto práctico", ha expuesto, recordando que el Govern, por ejemplo, ha hecho una nueva ley de vivienda para esquivar la suspensión del TC a una ley catalana sobre emergencia social.

Lo que ha hecho el Govern en el caso de la emergencia social es que, como el Gobierno impugnó la norma y el Alto Tribunal la suspendió, ha elaborado una nueva que considera que sí que está blindada ante eventuales suspensiones, y cree que esto también funcionaría en el caso de los toros.

"No queremos un país, de ninguna de las maneras, donde se maten los animales o se haga sufrir a los animales. Uno de los principios de nuestro autogobierno es la defensa de los animales", ha alegado la portavoz del Ejecutivo catalán.

Munté ha lamentado que el Alto Tribunal pueda plantearse dejar sin efecto una prohibición que tiene el aval de una Cámara parlamentaria, por lo que ha concluido: "No nos quedaremos con los brazos cruzados y batallaremos para que quede intacto lo que aprobó el Parlament".

Recurso del PP

El Tribunal Constitucional debate en el pleno de esta semana el recurso presentado por el PP contra la prohibición de los toros en Catalunya, aprobada por el Parlament en el año 2010.

El borrador de la sentencia que el TC tiene sobre la mesa plantea que el Parlament se excedió en sus competencias. Un argumento en la línea del recurso del PP que mantiene que la prohibición "invade competencias estatales" y "restringe derechos y libertades de los ciudadanos".

Reacciones en el Parlament

En este sentido se ha expresado el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol. Albiol ha dicho que el PP "vería con satisfacción que, en relación a los toros, Catalunya recupere la libertad" y ha matizado que "la prohibición en Catalunya no vino motivada por una cuestión animalista sino exclusivamente para eliminar un símbolo que los partidos independentistas entendían que representaba el españolismo".

Desde Esquerra, Roger Torrent ha recordado que la prohibición recibió un amplio apoyo parlamentario y que la iniciativa provenía de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por más de 180.000 firmas.

Por eso, Torrent ha reiterado que los republicanos siempre han dicho que "no nos parece aceptables ni propias del siglo XXI las corridas de toros y siempre hemos estado a favor de defender los derechos de los animales y en contra del maltrato animal".

Un TC contra la voluntad popular

Torrent ha lamentado que "por enésima vez, el TC pase por encima de la soberanía del Parlament y la voluntad popular y la soberanía de Catalunya. Denunciamos esta voluntad política del TC y su politización".

CSQP, en boca de Ortènsia Grau, ha insistido en esta línea y en la idea de que el Parlament tiene plenas competencias en este tema: "Una vez más, el tribunal se descalifica tomando una decisión contra una ley que es fruto de una ILP". "Parece que este tribunal siempre se quiera situar contra la ley y la democracia", ha lamentado.