El Pleno del Congreso ha dado hoy el primer paso para modificar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", al aprobar la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para proceder a su revisión. La del PSOE se ha aprobado con 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones. La de PNV con 211 votos a favor y 130 en contra. En las dos votaciones el PP se ha quedado solo a la contra.

La toma en consideración de ambas propuestas se ha debatido de forma conjunta, aunque no han conseguido los mismos apoyos por las reticencias de Ciudadanos al texto de los socialistas, al considerar que pretendía una vuelta a la "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta", por lo cual se ha abstenido en la votación de la del PSOE.

El PP, según su diputado José Alberto Martín-Toledano, se ha opuesto porque la actual norma "no ha generado problemas" y los ataques que ha recibido han sido más bien por "criterios de desgaste político" con argumentos de "manual partidista".

Con menos de dos años de vida, la ley, polémica incluso antes de nacer, no ha podido ser enterrada, como querían algunos grupos, y se someterá ahora a un trámite parlamentario para su modificación que partirá al menos de los 44 puntos que el PNV quiere retocar.

El PP no está de acuerdo con todos ellos, pero desde el Gobierno ya se había apostado por la iniciativa de los nacionalistas como punto de partida, como dijo en su día el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuya ausencia en el debate han criticado algunos portavoces.

El PSOE quiere la vuelta a la "ley Corcuera" en tanto pide un nuevo texto que, como poco, elimine las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a las que se manifiestan ante el Congreso y el Senado y a las que utilizan imágenes de miembros de las policías. También pide que se imposibiliten los registros personales en lugares públicos y se anule la consideración de infracción grave de las faltas de respeto a un autoridad pública o a un funcionario de las fuerzas del Estado.

El PNV propone reformar los apartados que obligan a comunicar a las autoridades las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se hagan en esos términos frente a las cámaras, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana. Sobre la libertad de expresión e información, el texto propugna la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Equilibrio libertad-seguridad

Mikel Legarda, del PNV, ha dicho que la intención es equilibrar el binomio libertad-seguridad, porque la ley en vigor se ha convertido, ha subrayado, en "el derecho penal de la peligrosidad y la desconfianza". Antonio Trevín, del PSOE, ha pedido el voto para la propuesta socialista frente una ley "nefasta" y de "pura paranoia autoritaria".

Unidos Podemos ha votado a favor de las dos, pero con la condición de negociar porque no jugarán con los derechos fundamentales de los ciudadanos, según Eduardo Santos, que ha recordado las 6.217 sanciones impuestas en los seis primeros meses de aplicación de la ley y ha reprochado a los socialistas que miren al pasado en un ejercicio de "melancolía".

Una de las canalladas más grandes del PP

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha criticado el "afán" del PSOE de intentar cubrir el vacío legal que dejaría la derogación de la ley "volviendo a fantasmas del pasado". Ciudadanos quiere que todos participen en la revisión de la ley y censura al Gobierno por "arrastrar los pies" y no haber sido él quien trajera a la cámara la propuesta de modificación a pesar de haber reconocido la necesidad de revisarla.

Por ERC, Gabriel Rufián ha criticado al PSOE por ese "ramalazo de dignidad" que podía haber tenido hace 25 años con la "ley Corcuera" y ha calificado la norma actual de una de las "mayores canalladas" del PP. Por su parte, el PDeCAT ha asegurado que apuestan "por una ley sin sanciones excesivas y que, en definitiva, no considere al ciudadano sospechoso habitual", según ha defendido Sergi Miquel.