El PP se ha liado con el reparto de menores migrantes, al dar marcha atrás después de la negativa inicial de algunas comunidades autónomas donde gobierna con Vox —como Castilla y León, Extremadura y Aragón—. En una entrevista en Onda Cero este miércoles, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, ha querido marcar distancia con el discurso del ultra Santiago Abascal y ha asegurado que las autonomías gobernadas por el Partido Popular cumplirán la ley. Ahora bien, ha puesto Catalunya por medio en el choque con el Gobierno por la crisis migratoria de Ceuta.
Ezcurra ha dicho que el reparto de menores migrantes, si se produce, deberá ser "justo, bien dotado y planificado", en referencia a la idea de que tanto Catalunya como el País Vasco quedaron fuera del anterior por "razones políticas". "El Gobierno, en el reparto anterior, excluyó Catalunya y el País Vasco. El reparto, en caso de producirse, deberá ser justo, bien dotado y planificado, y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus actos", ha afirmado. Es decir, que no quieren excepciones, aunque Junts ha rechazado recibir menores de Ceuta. "No daremos ni un voto si no se deja Catalunya fuera del reparto", advirtió este martes la líder de los independentistas en Madrid, Míriam Nogueras.
Junts insiste en rechazar a los menores migrantes
Precisamente, Nogueras ha insistido este miércoles en la negativa a acoger menores migrantes. "Con una red de servicios sociales y recursos al límite en Catalunya, cualquier escenario futuro queda condicionado a la delegación integral de competencias en inmigración", ha afirmado en declaraciones difundidas por el partido. También ha avisado de que Catalunya "no debe cubrir la negligencia del Estado", en referencia a la regularización extraordinaria de personas migrantes, ni tampoco la "dejadez de funciones" de otras autonomías que tienen centros de acogida "vacíos". Finalmente, ha cargado contra la "sumisión e inacción" de otros partidos catalanes y, concretamente, del president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien le pide "menos titulares y más trabajo". "Acoger en condiciones precarias a menores, como ocurre ahora en Catalunya, es ser muy hipócrita. Lo que no haríamos nunca con nuestros hijos no lo deberíamos hacer nunca con ningún menor", ha concluido.
Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que Catalunya "seguramente" tendrá que "seguir" haciendo esfuerzos. "La sociedad hace muchos esfuerzos, Catalunya hace muchos esfuerzos en muchos ámbitos, y seguramente tendremos que seguir haciéndolos", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. De la misma manera, ha instado a todo el mundo "a asumir responsabilidades, empezando por los Estados". "Y el Estado español, que ya sabemos que es un Estado fallido en muchos aspectos, que se esfuerce un poco", ha añadido.
Génova dice una cosa, las autonomías otra
Volviendo al PP, Ezcurra ha insistido en la idea de que las comunidades del PP "cumplirán la ley" en la acogida de migrantes, y ha enmendado a Vox. "El señor Abascal es libre de expresar sus opiniones e ideas políticas, pero nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo haremos nunca", ha expresado en un tuit. Entonces, ha dicho que la solución pasa por "cumplir la ley", que prevé mecanismos para poder afrontar la situación, como la reagrupación de los menores con sus familias o la entrega a los servicios sociales de sus países de origen. "Creemos que hay que seguir los pasos, y que hay que cumplir la ley", ha sentenciado.
Sin embargo, desde Génova dicen una cosa, mientras que las autonomías dicen otra. Por ejemplo, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que Aragón —donde gobiernan juntos el PP y Vox— "no puede ser, una vez más, la pagana del fracaso" del ejecutivo estatal y ha asegurado que usarán "todos los instrumentos legales" para defender los servicios públicos. "No podemos permitir que el Gobierno juegue con la vida de las personas migrantes para generar confrontación y repartir su irresponsabilidad, su fracaso y su inoperancia entre las comunidades autónomas", ha dicho, antes de añadir: "Cumpliremos la ley, pero también nos defenderemos de cualquier forma de reparto". Así, ha considerado que la justicia está de su lado: "Recientemente, hemos tenido pronunciamientos favorables precisamente del juzgado de Ceuta porque se enviaron a Aragón menores sin ningún tipo de motivación, extralimitándose de sus competencias y no respetando la ley por parte del Gobierno y, por eso, tuvimos sentencias favorables".
El Gobierno no quiere conflicto
Con más dureza se ha expresado el vicepresidente extremeño, Óscar Fernández, quien ha asegurado que el gobierno de Extremadura se opondrá "por tierra, mar y aire" al reparto, y que usarán "todos los medios políticos, administrativos e, incluso, jurídicos". Ha reiterado que su posición es "muy clara", y que hará todo lo necesario para que "este reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor". Eso sí, ha dicho que la oposición de su ejecutivo será "siempre dentro de la ley".
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido la voz de la Moncloa este miércoles por la mañana en cuanto a esta cuestión, y ha deseado no entrar en un conflicto judicial con el PP por la hipotética negativa de sus comunidades a acoger a menores migrantes de Ceuta. En una entrevista en TVE, ha asegurado que "no hay discusión" y que "se trata de cumplir la ley". "Espero que lo haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero ninguna otra cosa", ha añadido.