El Partido Popular ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que anule el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En un escrito presentado ante el alto tribunal y en el cual ha tenido acceso la ACN, los populares defienden que el nombramiento contraviene el principio de imparcialidad que requiere el cargo y subrayan la "vinculación inequívoca" con el Gobierno y el PSOE.
El PP asegura que la ocupación del cargo por "una persona parcial" puede derivar en la toma de determinadas posiciones por el ministerio público, en todo tipo de procedimientos" y eso puede llegar a ser "perjudicial" al PP, ya que atribuye a Delgado una "animadversión" hacia el principal partido de la oposición a que es "pública y notoria".
La demanda recuerda que la Fiscalía puede instar judicialmente la declaración de ilegalidad de un partido político y la consecuente disolución" lo cual perjudica los populares y les genera "indefensión e intranquilidad".
Los populares recuerdan las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral del 10-N sobre la dependencia de la Fiscalía en relación al Ejecutivo, que después Sánchez rectificó. También argumenta que Delgado fue ministra de Justicia "hasta tan sólo dos días antes de ser propuesta como fiscal general del Estado" y, en aquel momento, todavía era diputada del PSOE en el Congreso.
Según el escrito, es "imposible" que la Fiscalía actúe de acuerdo con el principio de imparcialidad si las "condiciones personales" de la fiscal general del Estado - "pieza clave" de la institución- lo impiden. "Existen elementos objetivos incuestionables que permiten concluir, de forma clara y tajante, la parcialidad" de Delgado, dice el PP.
Esta "parcialidad" hace que "se degrade, desnaturalice y se entierre el ministerio fiscal". "Y la muerte de una institución como el ministerio fiscal tal como la define la Constitución es también la muerte de la Constitución", asegura la demanda.
Desviación del poder
Por lo tanto, el hecho de que Delgado, en opinión del PP, incumpla los requisitos de imparcialidad con una "vinculación tanto evidente como indebida" entre Fiscalia y Gobierno implica incurrir en "desviación de poder". "Claro está que el gobierno persigue finalidades diferentes de las que el ordenamiento jurídico pide del nombramiento en cuestión" por el hecho de situar a alguien "tan estrechamente vinculada" a quien se coloca en una "posición de indudable dependencia" al ejecutivo", dice el texto.
"El gobierno ha renunciado a garantizar la independencia" del fiscal general del Estado si no que ha buscado "situarlo a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación," afirma el PP, que avisa de que de esta manera "se aleja la institución de su misión de defensa de la legalidad".
Además, el PP considera que Delgado no cumple uno de los requisitos que se pide a los candidatos a encabezar la Fiscalía General del Estado como es el "reconocido prestigio". "No reúne esta condición", afirma el escrito. "Es jurista, en efecto, con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal pero e suyo prestigio como jurista es ignoto", afirma el PP.