Otro día la misma historia. Ara y El Punt avui abren su portada con el reconocimiento y la justificación del Ministerio del Interior de la infiltración ilegal de policías en movimientos juveniles e independentistas, de la que se conocen al menos dos víctimas: el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Jovent Republicà, las juventudes de ERC. En el resto de diarios, incluidos La Vanguardia y El Periódico, ni mención en portada. El Ministerio del Interior considera "legítimo, idóneo y oportuno" infiltrar agentes en los movimientos juveniles para captar información y lo justifica en las acciones y estrategias violentas del independentismo, según la respuesta del ministerio de Fernando Grande Marlaska al contencioso administrativo presentado por Òmnium Cultural en la Audiencia Nacional. El independentismo ni tiene una "estrategia violenta" ni ha protagonizado "acciones violentas" que justifiquen encuadrarlo en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, como alega el ministerio. Lo que hace Interior es una acción inquietante contra los derechos civiles y políticos de la gente de la que un diario normal se preocuparía, igual que los diarios estadounidenses se movilizaron por el uso de la tortura por el ejército y los servicios de inteligencia en la prisión iraquí de Abu Ghraib o sobre la legalidad del penal de Guantánamo y el trato que se daba a los allí detenidos.

Si la comparación te parece exagerada, piensa de nuevo. Quizás has perdido sensibilidad democrática. Son cosas que pasan. Les pasa a los mismos diarios. Aquí tienes un caso conocido. El País del 23 de diciembre del 2012 abría portada (pdf) con este título: "Mandos policiales actúan al margen de la ley contra políticos catalanas". Añadía este subtítulo: "Los agentes difunden acusaciones sin pruebas para denigrar a los soberanistas". En el editorial reprobaba con contundencia estas actividades ilegales. Desde 2015, sin embargo, los diarios son parte activa, casi militante, en la difusión del mismo tipo de acusaciones sin pruebas, como han hecho estos días en el caso del SEPC y de Jovent Republicà. En el mejor del casos, callan o miran hacia otro lado. En 2012, el asalto a ciudadanos disidentes abría el diario español de referencia. Diez años después, ni una línea. ¿Qué ha cambiado? ¿Piensan los diarios que los independentistas son menos ciudadanos y que se les puede espiar e infiltrar con razones abusivas? Este último caso quizás sea aun más grave, pues no se trata de algunos policías corruptos, de la policía patriótica, sino de una actividad aceptada y defendida por el mismo Ministerio del Interior y que se paga con tu dinero. Da que pensar.

También da que pensar la indiferencia con que este martes los diarios catalanes siguen el alboroto por la renovación del Consejo del Poder Judicial y de los órganos dependientes, singularmente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, con magistrados cuyo mandato ha caducado hace años —el del presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, hace cuatro años ya— y salas que pronto no podrán ni juzgar. Por ejemplo, en unos meses, el Tribunal Militar Central se quedará sin miembros y no podrá reunirse, como lamentaba este lunes el mismo Lesmes. Las portadas madrileñas, en cambio, van fuertísimas con la cosa. La impresión que da, sin embargo, es que todo el trapicheo judicial interesa más por el juego político y de poder que hay detrás que por un afán en explicar a la gente que los mandarines judiciales y los políticos se pasan las obligaciones con la ciudadanía por el arco de Douglas porque se ocupan de sus guerras partidistas y partidarias. Y en estas guerras, los diarios son soldados de los unos o de los otros.

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