La crisis abierta en Catalunya a lo largo de los últimos días, como consecuencia de los registros de Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra en varios departamentos de la Generalitat, además de las detenciones a dieciséis miembros del Govern –algunos de ellos ya en libertad–, han levantado recelos entre uno de los socios habituales de Mariano Rajoy en esta XII legislatura en el Congreso. Tanto es así, que el PNV ha provocado que el Gobierno no pueda dar luz verde a los presupuestos del 2018 este viernes en el Consejo de Ministros, como estaba previsto, teniendo que aplazar la presentación del proyecto.

La alarma saltó este miércoles, cuando el portavoz Aitor Esteban afirmó que no le "preocupaban" las cuentas de momento, sino la situación de "gravedad" que se vivía en Catalunya. La apuesta, sin embargo, se ha redoblado este jueves, cuando Esteban comparecía en la cámara baja –junto a ERC, PDeCAT, Podemos y confluencias y EH Bildu– para pedir la liberación de los cargos detenidos en Catalunya. En paralelo, el portavoz en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, denunciaba que el Estado, "en vez de vías de diálogo, actúa por la vía del Código Penal", haciendo suyas unas ideas del mismo lehendakari Iñigo Urkullu. 

La cuestión es que la Moncloa pensaba contar con el apoyo del PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias, como ya pasó para los presupuestos del 2017, y como creían garantizado con el techo de gasto del 2018. Eso habría quedado atado, a ojos del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, porque el acuerdo con las tres formaciones nacionalistas pasaba por varias inversiones plurianuales –al menos hasta el 2019. Así las cosas, los vascos han querido preservar su compromiso con la defensa del soberanismo –en un momento en que los tempos tampoco han hecho posible sentarse a negociar con Rajoy.

Fuentes populares se muestran confiadas, sin embargo, de que cederán, en virtud del carácter de partido "responsable" del PNV. El hecho es que sólo les haría falta su sí para emprender el proceso de aprobación del proyecto –que previsiblemente se podría hacer una vez pase el 1 de octubre– pues Cs ha priorizado la estabilidad política, abriéndose a otro principio de acuerdo presupuestario con el Partido Popular. Este sería a condición de que se reflejara una partida de 8.300 millones de euros para "políticas naranjas", es decir, bajar impuestos a la clase media y trabajadora, e incentivar el gasto social.

El líder de la formación, Albert Rivera, aseguraba que con esta partida habría conseguido "tres nuevos derechos" como serían un cheque para las familias con hijos a cargo en edad de 0 a 3 años "para invertir en su educación y ayudar a la conciliación familiar"; un incremento de una semana más de la baja por paternidad "que pasará en 2018 de 4 a 5 semanas"; y la equiparación de los salarios de Guardia Civil y Policía Nacional "para que cobren lo mismo que un Ertzaina". "Menos palos y más zanahorias es lo que este país y su gente necesitan", ha sostenido el catalán.