El pleno del Parlament ha votado a favor de una propuesta de resolución, presentada por JxSí y la CUP y a la que también se ha sumado CSQP, en defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y el compromiso de preservarlos por medio todos los mecanismos.

Se trata de un texto que busca defender la soberanía de las instituciones catalanas y la inviolabilidad de sus representantes ante el acoso constante de las instituciones españolas que persiguen todas las acciones o pronunciamientos relacionados con el procés.

Casualmente, el texto se ha debatido y aprobado mientras los miembros del Govern -consellers y presidente- recibían la última comunicación del Tribunal Constitucional en la que se les comunica la suspensión de las resoluciones del referéndum y el proceso constituyente aprobadas durante el debate de política general. En la comunicación también se les advierte del inicio de una investigación y de las posibles consecuencias, incluso penales, que podría tener el hecho de seguir desarrollando medidas vinculadas a la resolución de ruptura del 9 de noviembre del 2015, suspendida por el TC.

Apoyo a Forcadell

La propuesta, defendida por la diputada de la CUP, Mireia Boya, ha recibido el apoyo de los diputados de estos tres partidos y PSC, C's y PP ha votado en contra.

El texto llega después de la querella criminal interpuesta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y remarca que "el ordenamiento jurídico no permite atribuir a la presidencia del Parlament la obligación de coartar o impedir a los diputados la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto". Añade que "es responsabilidad de la cámara amparar el ejercicio de estos derechos, y no coartarlos".

Por otra parte, considera que "la imputación penal de la presidenta, la Mesa o cualquier diputado o diputada por este hecho, constituye una vulneración de la inviolabilidad parlamentaria, y un hecho sin precedentes en el entorno de la Unión Europea y de las democracias consolidadas, al cuestionar el principio de inviolabilidad que asiste a los miembros del Parlament en el legítimo ejercicio de sus funciones".

Además, reitera que la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados en el ejercicio de su actividad parlamentaria no pueden ser vulnerados y advierte que "la criminalización de la actividad parlamentaria" supone un grave riesgo para la democracia.

El texto concluye con un apoyo explícito a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa y "afianza la soberanía" de la institución.