El abogado Jordi Pina, que defiende a Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull en el juicio por el 1-O, ha criticado que el juez Manuel Marchena hiciera al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la pregunta que no le había podido hacer la Fiscalía durante su declaración como testigo. El mismo Marchena había vetado la pregunta al fiscal a petición de las defensas, porque sobrepasaba el ámbito de los temas planteados por la parte que lo había citado, el partido de extrema derecha Vox.

Este y otros motivos han supuesto que Pina haya denunciado en un escrito que ha presentado ante el Tribunal Supremo una "vulneración de los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial" de sus clientes.

La crítica en Marchena tiene que ver con la pregunta que hizo a Trapero sobre el contenido de la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre del 2017. Vox, que había propuesto el testigo del major de los Mossos, no le había preguntado por esta cuestión, y cuando la Fiscalía lo intentó, las defensas advirtieron que superaba el límite del interrogatorio de la formación de extrema derecha.

La sala dio la razón a esta postura, pero al final del interrogatorio, el mismo Marchena hizo a Trapero la pregunta que no le había podido hacer la Fiscalía. Y Trapero la contestó. A opinión de la defensa, esta escena supera lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y "compromete la imparcialidad" del tribunal.

Diferencia de trato

Esta es sólo una de las críticas que Pina hace al tribunal. También se queja por la negativa de Marchena a que se exhiban vídeos que puedan poner en contradicción las declaraciones de los testigos. Y subraya la contradicción de que, en cambio, la sala sí permite exhibir documentos en papel que igualmente puedan poner en cuestión al testigo. La cuestión de los vídeos será especialmente relevante a partir de esta semana, cuando empezarán a declarar agentes de la Guardia Civil y de la policía española que formaron parte del dispositivo para parar el 1-O.

Pina también denuncia una vulneración del principio de igualdad de armas, por el hecho de que, según dice, se permite a una parte hacer un tipo de preguntas y a otras partes no. Dado que se trata de un proceso que juzga hechos enmarcados en un contexto político "incuestionable", conocer las "marcadas inclinaciones ideológicas" de los testigos es muy importante porque puede poner en duda su credibilidad, opina la defensa.

Y critica, en concreto, que al diputado republicano Gabriel Rufián se le pudiera preguntar si era socio de Òmnium y a la letrada del juzgado 13, Montserrat del Toro, no se le pudiera preguntar si es seguidora de páginas web de la extrema derecha.

Finalmente, la defensa de Sánchez, Rull y Turull también denuncia la "diferencia de trato" de la sala delante del "desmemoriamiento" de algunos de los testigos en función de sí han sido propuestos por las acusaciones o por las defensas. Y pone como ejemplo a los testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido –y la actitud que tuvo el tribunal ante su postura- en contraposición a las declaraciones de la diseñadora gráfica Teresa Guix o del responsable de Difusión del Govern, Jaume Mestre, a los cuales la sala advirtió de las consecuencias penales del falso testimonio.

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