Cinco de los treinta detenidos ayer en el marco de la operación Estela, contra una trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona para cooperación y desarrollo internacional, han pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investiga esta red por los presuntos delitos de malversación, falsedad, prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y fraude en subvenciones, por un importe de más de dos millones de euros, dejó ayer mismo en libertad la mayoría de los detenidos, mientras que ha puesto cinco esta mañana a disposición judicial.
Se trata de Joan Carles Garcia Cañizares, diputado de la Diputación de Barcelona y alcalde de Tordera; Jordi Castells Masanés, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Víctor Terradelles, presidente y patrón de la Fundación CATmón, y Joaquim Ferrer Serra, director de Pimec hasta el 2014.
En la comisaría de la Verneda
Estos cinco detenidos han sido conducidos en dos furgones policiales desde la comisaría de la Aliseda de Barcelona hasta el juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana para ser interrogados por el juez Joaquín Aguirre, que instruye la causa.
En la macrooperación policial que tuvo lugar ayer, se practicaron 20 entradas y cacheos en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la Fundación CATmón, en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus (Baix Camp), entre otras localidades.
El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez la presidencia de la Diputación de Barcelona, en el 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación.
La investigación, que ha llevado a cabo en los últimos dos años la UDEF, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones en entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.
En concreto, la investigación se centra en 28 ayudas para la cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo en empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT, según el juez-, en unos procesos de adjudicación que sufren de numerosas irregularidades.
En algunos casos, según detalla el juez en sus actos, las memorias presentadas para justificar las subvenciones no eran más que "simples copias" de documentos de internet, las ayudas eran cobradas por una misma persona utilizando dos identidades y las empresas perceptoras se crearon poco antes de que se otorgara la ayuda.
Otras irregularidades que menciona el juez es que se utilizaron actos sin firmar para justificar reuniones en el extranjero, se pagaron subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto para|por la corporación provincial y que se presentaron y pagaron las facturas antes de la entrega del trabajo.
Uno de los detenidos ayer y que posteriormente quedó en libertad fue el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, quien declaró a los periodistas que estaba "muy tranquilo" ante las acusaciones de fraude y aseguró que todas las ayudas económicas acordadas en su mandato pasaron "todos los controles".
En la misma línea, la actual presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, también del PDeCAT, denunció ayer en rueda de prensa la "indefensión" sufrida por el ente provincial, defendió la "honestidad" de su antecesor y negó cualquier desvío de fondo.