El partido Iustitia Europa llevó al Tribunal Supremo la ley de nietos, la disposición adicional de la ley de memoria democrática que permite nacionalizar hijos y nietos de españoles que se tuvieron que exiliar. El Supremo les dio la razón (Vox también presentó un recurso) y paralizó su adscripción al censo electoral de residentes ausentes (CERA), en lo que fue un golpe muy duro para el Gobierno. La Abogacía pidió revocar las medidas cautelares mientras Iustitia Europa pidió que se mantuvieran, considerando que se ha incrementado de forma fraudulenta el censo electoral. Ahora, con la convocatoria electoral adelantada por Pedro Sánchez al 29 de noviembre, el Supremo tiene que tomar una decisión sobre si las personas que habían conseguido la nacionalidad española a través de la ley de nietos pueden votar o no. En este contexto, Iustitia Europa, que no tiene representación en ninguna institución y centra su tarea en llevar a los tribunales decisiones de los dirigentes políticos de todas partes, ha pedido al Supremo que suspenda las elecciones generales.
En un escrito de urgencia que han presentado esta mañana del viernes, la formación se hace suyo el argumento de la Abogacía del Estado, que reclama levantar las medidas cautelares. Esta institución aseguraba ayer que era "materialmente imposible" revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos. Ante esto, Iustitia Europa afirma que "la suspensión temporal de la votación preserva el resultado útil de la tutela cautelar y protege simultáneamente la integridad y la legitimidad del proceso electoral". En el caso de que el Supremo considere "desproporcionada" la paralización de los comicios del 29 de noviembre, la formación pide que se tomen medidas para garantizar la "trazabilidad" de los 163.020 votos de los descendientes de exiliados que obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de nietos. Según Iustitia Europa, esta medida no "priva preventivamente del derecho a voto a ningún ciudadano ni altera el calendario electoral", pero sí que garantiza la trazabilidad de estos votos.
"Imposible de separar"
A su vez, desde el Gobierno español —a través de la abogacía del Estado— consideran que es "materialmente imposible que antes del 20 de noviembre se pueda diferenciar entre las personas nacionalizadas a través de la ley de nietos y aquellos que lo han hecho por otras vías". El Supremo paralizó su voto salvo en aquellos casos en que el exilio de sus abuelos o padres fuera acreditado. "O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA, ya que los datos que hay son, globalmente, los españoles sin ningún tipo de distinción, o no se suspende a ninguno. Resulta materialmente imposible distinguir a uno de otros en este brevísimo plazo de tiempo" consideran en el escrito enviado este jueves al Supremo. Por otro lado, los servicios jurídicos han acusado a Vox, que también pidió esta paralización, de querer "eliminar el derecho a voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del legislador desde el 2007".