El Parlament ha reclamado al Gobierno limitar la compra de viviendas al extranjero, como medida contra la especulación y para "priorizar la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado". Concretamente, el pleno ha aprobado este jueves una moción que insta el ejecutivo estatal a limitar la compra a personas físicas y jurídicas extranjeras, y que solo lo puedan hacer "aquellas personas que tengan residencia permanente o que puedan acreditar que han vivido un mínimo de cinco años consecutivos en el territorio donde quieran hacer la compra".
La iniciativa ha sido impulsada por ERC y ha contado con el apoyo del PSC, mientras que Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Por su parte, los Comuns y la CUP se han abstenido. El texto también recoge que el límite puede incluir "el establecimiento de un impuesto complementario sobre la transmisión de bienes inmuebles a no residentes en la Unión Europea", a la vez que se prevé "un régimen diferenciado para personas jurídicas domiciliadas en otros Estados miembro de la Unión Europea cuando quieran adquirir un inmueble de uso comercial, garantizando así la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en el mercado europeo". Finalmente, se solicita limitar "la inversión extranjera que tenga por objeto la promoción inmobiliaria, entendida como la adquisición o construcción de inmuebles con la finalidad de comercializarlos".
Más mociones en el Parlament
Por otra parte, el pleno ha rechazado instar al Gobierno a reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda por parte de personas residentes, de forma progresiva. En cambio, sí que ha avalado que el ejecutivo proponga, a través del estudio por parte del Consejo Asesor de la vivienda, un mecanismo estable de coordinación e interconexión entre los diferentes registros existentes, con el fin de disponer de información actualizada y completa sobre la titularidad y el uso efectivo de los inmuebles. Este punto ha sido transaccionado con una enmienda del PSC.
En otro orden de cosas, este jueves se ha aprobado una moción contra la opa del BBVA al Sabadell, mediante la cual se reclama al Gobierno que la impida. De la misma manera, el Parlamento ha instado al president de la Generalitat, Salvador Illa, a asumir las recomendaciones de la Sindicatura en el caso DGAIA —con un cambio de voto del PSC—. Finalmente, ha pedido al Govern que llegue hasta el final en el caso Sijena, defendiendo que hay que priorizar los criterios técnicos y científicos de conservación.