La bronca que protagonizó la consellera de Universitats, Núria Montserrat, con el diputado de Junts Toni Castellà, después de que este la acusara de utilizar el cargo para su carrera y de intromisión en los centros de investigación, ha dado pie este jueves a la aprobación de una moción en el Parlament. La iniciativa exige, entre otros puntos, que el Govern respete el régimen de incompatibilidades de los consellers y que no promueva ninguna modificación legislativa “ya sea por medio de una ley de acompañamiento de los presupuestos o de cualquier otro instrumento normativo”. Este punto se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto el PSC, que ha votado en contra, y Vox, que se ha abstenido.

La moción de Junts, que reclama también garantizar la no intervención política en los procesos de selección de responsables de los centros de investigación, no hace referencia a la polémica con la consellera ante el pleno. En aquella interpelación, Castellà acusó a Montserrat, entre otros puntos, de aprovechar viajes institucionales para su carrera como investigadora, y de querer cambiar el régimen de incompatibilidades a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos para poder compaginar el cargo con sus actividades científicas. La consellera, visiblemente enojada por las acusaciones, llegó a cuestionar la autoridad del diputado para pedir explicaciones. “¿Quién es usted científicamente? ¿Quién es políticamente?”, replicó.

Falta de respeto sin precedentes

Quien sí se ha referido a aquel episodio ha sido el PSC, que ha reprochado a Castellà “las formas” exhibidas ante el pleno. “Les parece mal que alguien se quiera dedicar a la política, que una científica reconocida en el ámbito internacional sea consellera en un gobierno del PSC”, ha asegurado el diputado del PSC David González. Castellà ha replicado que no hay precedentes en el Parlament que “un miembro del Govern falte tanto al respeto a un diputado” y ha atribuido el uso de “la arrogancia y el insulto” a la falta de argumentos de la consellera.

La iniciativa ha tenido el apoyo de ERC que ha incorporado diferentes enmiendas, y del PP, que ha exigido que el Govern esclarezca los hechos que se denunciaron ante el pleno y tome las medidas oportunas. La diputada Susanna Segòvia de los Comuns, ha exigido control para saber dónde se destina el dinero que el Govern invierte en investigación y ha apoyado los puntos de la moción que exigen transparencia y máximo rigor para “actuar contra cualquier sospecha de irregularidad”. Vox y Aliança Catalana, a pesar de que ha acusado a Junts de intervencionismo cuando estaba en el Govern, han votado a favor. Todas las intervenciones han coincidido en reclamar recursos para poner fin a la precariedad en búsqueda e investigación.

La moción reclama que el Govern garantice que los miembros del ejecutivo “ejerzan sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y que no impulse, ni directa ni indirectamente, ninguna modificación legislativa del régimen de incompatibilidades de los conselleros y conselleras, ya sea por medio de una ley de acompañamiento de los Presupuestos o de cualquier otro instrumento normativo”. La moción aprobada reclama también el “cumplimiento efectivo” de la letra y el espíritu de la Ley de la Ciència de Catalunya para “preservar y reforzar la autonomía de los centros de investigación” y la no intervención política en los procesos de selección de los responsables de los centros. Este último punto se ha aprobado con la abstención del PSC y el apoyo del resto de grupos.