La Mesa del Parlament ha admitido a trámite este martes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide declarar la independencia de Catalunya. El órgano rector de la cámara ha validado la proposición de ley de Solidaritat Catalana per la Independència, presentada por la vía de la ILP, con tres votos favorables (los dos votos de Junts per Catalunya y el de la CUP), una abstención de Esquerra Republicana y dos votos en contra (correspondientes al PSC). La iniciativa, registrada el pasado 2 de febrero, tendrá que pasar primero el proceso de validación por la comisión de control de la ILP con la que cuenta el Parlament y, a partir de entonces, se iniciará un plazo de 120 días hábiles para recoger las 50.000 firmas necesarias para empezar el debate parlamentario. A su vez, Vox y Ciutadans prevén emprender acciones legales contra la Mesa por haber admitido a trámite esta iniciativa legislativa popular, que contaba con un informe desfavorable (de carácter consultivo) del secretario de la comisión de control de la ILP, Xavier Muro, sobre su admisibilidad.
La iniciativa legislativa popular de la proposición de ley de Declaración de Independencia de Catalunya recoge que la "decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo de Catalunya como titular de la soberanía nacional, y al Parlament de Catalunya como su representante democráticamente elegido". En este sentido, el texto busca facultar al Govern para "negociar el reconocimiento internacional" de la declaración de independencia y concreta que este será efectiva "cuando sea aprobada la ley, cuando sea negociada con la comunidad internacional la forma y el momento de la declaración de independencia y cuando sea declarada por una mayoría de diputados en sesión solemne del Parlament de Catalunya convocada a tal efecto".
El informe consultivo que sostiene que no tendría que ser admitida a trámite
El informe de Xavier Muro, letrado del Parlament, alerta que "el contenido material de la mayoría de los artículos" de la ILP "no tiene contenido dispositivo y son más propios de una iniciativa de impulso político que de una legislativa". En este punto, el secretario de la comisión de control de estas iniciativas sostiene que no sería un "defecto invalidante", sino que es corregible a lo largo de su tramitación. Lo que desde su punto de vista sí que la hace inadmisible es que incumple con dos puntos del artículo 6.2 de la ley de la Iniciativa Legislativa Popular. En concreto, Muro afirma que la proposición planteada "tiene por objeto alguna materia sobre la cual la Generalitat no tiene atribuida la competencia" y que se escapa del ámbito de objeto de las ILP porque "supone una modificación sustancial de la forma de estado y de gobierno establecida y definida en la Constitución, aparte de repercutir en la definición del sujeto de la soberanía". "Cualquier regulación que altere o contradiga el diseño constitucional requiere una previa reforma constitucional", mecanismo que, explica, no es competencia de una iniciativa legislativa popular, sino de las cámaras legislativas.
Todavía en este informe, el letrado apuntala que ya hay precedentes sobre la inadmisibilidad de iniciativas que tienen "un objeto y un propósito manifiesto que coincide" con otros que se han planteado en anteriores ocasiones. En concreto, Xavier Muro hace referencia a inadmisiones de ILP sobre la independencia el 17 de enero de 2008, el 1 de abril de 2008, el 25 de junio de 2019 y el 13 de septiembre de 2022. En estas dos últimas ILP, Junts votó a favor, pero en la votación de 2022 no prosperó porque entonces solo contaba con Aurora Madaula como representante por la suspensión de Laura Borràs.
La posición de los partidos
Fuentes de Junts explican que han votado a favor de la admisión a trámite de esta proposición porque defienden que "en el Parlament se tiene que poder hablar de todo", aunque remarcan que en esta etapa ellos han situado en la hoja de ruta la desjudicialización a través de la ley de amnistía, el reconocimiento del independentismo como actor e interlocutor y la negociación a través del mecanismo de verificación internacional. Por su parte, el PSC ha votado en contra porque consideran que esta ILP es "extemporánea" y "persiste en los errores del pasado precisamente en un momento en que la mayoría de la sociedad catalana apuesta por pasar página a 10 años que no han sido nada buenos para Catalunya".
Desde Esquerra Republicana, recuerdan que su abstención es "la misma posición política" que han adoptado en otras ocasiones en casos parecidos a iniciativas legislativas populares que han ido en este sentido. Destacan que la ley de las ILP "especifica sobre qué ámbitos se pueden presentar" estas propuestas y que el supuesto contemplado en esta "no está recogido". Con todo, manifiestan que "la abstención también responde a la voluntad de escuchar todas las propuestas pero sin querer alimentar callejones sin salida": "No queremos jugar con las expectativas de la gente. Queremos herramientas útiles para resolver el conflicto político con el Estado y votar en referéndum sobre la independencia". Por otro lado, tras conocer la noticia, Solidaritat Catalana per la Independència ha hecho un comunicado donde ha anunciado que quieren abrir conversaciones con Junts, Esquerra Republicana y la CUP, así como con la ANC, Òmnium, la AMI y el Consell de la República para que también puedan contribuir a la recogida de firmas.
Por parte de la CUP, la diputada Laia Estrada ha defendido que en el Parlament "se tiene que poder debatir absolutamente de todo aquello que se enmarque en la defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales". En este sentido, ha explicado que su representante en la Mesa, Carles Riera, ha pedido apoyo a la tramitación de la ILP para dar "apoyo explícito" y por "respeto al trabajo de la gente organizada de este país". También consideran que esta propuesta permite abrir un "debate interesante" sobre los pasos a seguir en el procés. En el caso de los comunes, el portavoz David Cid ha considerado que la ILP no es oportuna porque "Catalunya no está en este escenario". "Estamos en otro momento, lo que hay que hacer es aprobar cuanto antes mejor la ley de amnistía", ha añadido.
Vox y Cs lo denunciarán
Tanto Vox como Ciutadans habían anunciado, antes de la reunión de la Mesa, que si se admitía a trámite la ILP emprenderían acciones legales. El partido de extrema derecha ha explicado que, primero, pedirán una reconsideración a la Mesa y, si no la atienden, lo elevarán al Tribunal Constitucional con una denuncia por "desobediencia". Por su lado, Ciutadans ha indicado que, si la Fiscalía no actúa de oficio, denunciará a las tres personas que han votado a favor (Anna Erra, Aurora Madaula y Carles Riera) al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y al Tribunal Constitucional. Según Carlos Carrizosa, esto evidencia que "la amnistía no ha servido de nada".
El inicio de un largo camino
Esta admisión a trámite, sin embargo, es solo un pequeño paso del largo recorrido que ahora inicia la iniciativa legislativa popular sobre la declaración de independencia. Ahora, la Mesa del Parlament tendrá que comunicar esta admisión a la comisión promotora de la ILP, formada por tres personas, y a la Junta Electoral. Primero, tanto la comisión de control de las ILP como la Junta Electoral tendrán que verificar la documentación y designar a las personas que puedan recoger las firmas. Será necesario recoger, por lo menos, 50.000 en 120 días hábiles, aunque se puede acordar una prórroga de 60 días si hay "causas debidamente justificadas". También ejerce de verificador la comisión de control, formada por tres magistrados del TSJC, tres catedráticos de derecho constitucional o ciencia política y tres juristas de reconocido prestigio designados por los grupos parlamentarios. Si se recogen las firmas requeridas, el debate de totalidad de la proposición de ley se tendrá que hacer en un periodo de cuatro meses que cuentan a partir de la comunicación de la Junta Electoral a la Mesa del Parlament sobre el cumplimiento de los requisitos.