El papa Francisco ya alertó en el 2014 sobre la prisión preventiva como una "forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad", en particular "cuando de forma abusiva procura un adelanto de la pena, previa a la condena, o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundamentada de un delito cometido".
El Santo Padre lanzó este toque de atención ante una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Francisco señala después que esta situación es "particulamente grave" en países y regiones del mundo donde el número de presos sin condena supera el 50% del total de la población reclusa.
Este documento no ha pasado desapercibido a los obispos catalanes. El Papa aprovechó aquella intervención para reclamar "cautela" con este tema, tanto por lo que respecta a las condiciones en que se encuentran los reclusos, como también por el "grave problema" que representa "reclusos sin juicio, condenados sin que se respeten las normas del proceso".
La conclusión del Santo Padre, después de dar repaso a diferentes situaciones que plantea la aplicación de las penas es que los Estados no están habilitados jurídicamente o de hecho "a subordinar el respeto de la dignidad de la persona humana a cualquier otra finalidad". "El respeto de la dignidad humana no sólo tiene que actuar como límite de la arbitrariedad y los excesos de los agentes del Estado, sino que como criterio de orientación para perseguir y reprimir las conductas que representan los ataques más graves a la dignidad e integridad de la persona humana", concluye.