Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP-CC han presentado esta mañana una proposición de ley para gravar activos de las empresas que no generan ninguna actividad económica, en concreto yates, jets privados y coches de gama alta. La propuesta tiene el propósito de reducir prácticas de evasión y elusión fiscal que consisten en trasladar patrimonio personal a estructuras societarias para ocultar verdaderas titularidades. Además, incentiva la reinversión de los beneficios en activos más productivos y, por lo tanto, más rentables socialmente.

La filosofía de la cual parte el impuesto nace de la voluntad explícita de aumentar la progresividad del sistema fiscal catalán y su equidad, centrando la mirada en la redistribución necesaria para luchar contra la evidente desigualdad que se ensancha día a día entre los más ricos y los más pobres de nuestro país. Este es un impuesto que va en la línea de tasas existentes a Noruega u Holanda, y que se centra en la expresión de riqueza que supone la acumulación de bienes pero exclusivamente en caso de que no generen ninguna productividad ni beneficio social.

Embarcaciones de ocio de ocho metros de eslora

En concreto, el impuesto grava la tenencia de cuatro tipos de activos: bienes inmuebles, vehículos de motor igual o superior a 200 caballos, embarcaciones de ocio de ocho metros de eslora o más, y aeronaves. En todos los casos, se trata de los bienes que no realizan ninguna actividad económica o servicio público, que se destinan a actividades o usos privados, o que se alquilan a los propietarios o socios de la entidad vinculados a los activos.

La base imponible se calcula de la suma del valor de todos los activos no productivos. Se establece un mínimo exento de 500.000 euros o de 100.000 euros si no incorpora ningún inmueble. El tipo impositivos es progresivo con un máximo de 1%. El impuesto se devenga el 30 de junio de cada año.

Exenciones para ONG

Por otra parte, la proposición de ley deja exentos de pagar el impuesto las administraciones públicas, las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en Catalunya y los bienes de fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro.

Una vez preentada la propuesta, la intención es empezar el debate sobre el nuevo tributo en paralelo al de los presupuestos y su ley de acompañamiento.