Revés para el Govern. Toda la oposición en bloque ha decidido tumbar el dictamen del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, más conocida como la Ley Aragonès, que no se podrá acabar sometiendo a votación del pleno. Sólo JxCat y ERC han votado a favor, ante el voto contrario de Cs, PSC, comunes, CUP y PP, por lo que ha decaído. Los socios de Govern habían retirado del orden del día la votación del dictamen al ver que no había consenso suficiente para sacarlo adelante, pero todos los grupos de la oposición se han aliado para forzar un cambio del orden del día y poder tumbarlo a petición de la CUP.

El diputado de ERC Jordi Albert, relator de la ley, ha lamentado que finalmente la oposición haya hecho decaer la ley y que se haya renunciado a "ejercer la soberanía" del Parlament con una nueva ley de contratos y servicios superior al estatal. Además, ha avisado de que seguirá habiendo contratos entre la administración y las empresas privadas y ha advertido que no aprobar esta ley beneficia las "empresas multiservicios". Desde JxCat, el diputado Josep Maria Forné también ha calificado la actitud de la oposición de "tacticismo" y ha asegurado que se trata de un "error" y de un "paso atrás" que perjudica el "tercer sector".

La ley, de haberse aprobado, tenía que permitir que los criterios de contratación de la administración fueran un 30% el precio y un 70% los criterios de calidad. Además, tenía que permitir rescindir un contrato en caso de que no se cumplieran ciertas medidas de inspección, como que la valoración y calificación de los usuarios fuera negativa o que no pasaran las auditorías, las inspecciones o los informes periódicos pertinentes. Según el Govern se trataba de una ley para "parar los pies" a las grandes empresas del IBEX 35 y que "blindaba las entidades del tercer sector, ONGs, cooperativas y empresas de economía social".

Según el Govern, la nueva ley no tenía que abrir la puerta a nuevas externalizaciones, como le critican desde la oposición y especialmente desde la CUP, que ha estado muy activa haciendo campaña contra la nueva norma. El ejecutivo asegura que sólo se trataba de una actualización de la ley española para mejorar los contratos ya existentes entre la administración y empresas privadas y dar más peso a las empresas pequeñas y especializadas.

La oposición la ve "insuficiente" y una "oportunidad perdida"

Más allá de la CUP, el PSC ha anunciado que finalmente votaba en contra, a pesar de presentar más de 73 enmiendas muchas de las cuales habían sido aprobadas, porque considera que se ha mejorado el texto pero no de manera "suficiente". Según la diputada Alicia Romero, la propuesta de ley de Govern no "mejora" la ley de contratos del Estado, por lo que ha pedido no duplicar las leyes y complicar la vida de los ciudadanos. Una visión similar a la de los comunes, que han asegurado que se trata de una "oportunidad perdida" y ha lamentado que no se haya aprovechado para hacer un debate sobre el modelo público-privado. En este sentido, la diputada Marta Ribas ha acusado al Govern de empezar "la casa por el tejado" cuando se tenían que debatir los fundamentos".

Los cupaires, por su parte, se han felicitado por haber conseguido tumbar una ley que, aseguran, servía para "vender el país al mejor postor". La diputada Maria Sirvent ha señalado que la normativa quería "consolidar el modelo de gestión público-privado", y ha avisado de que también así lo hacen los presupuestos presentados la semana pasada. Finalmente, el diputado del PP Santi Rodríguez ha anunciado su voto contrario al proyecto de ley pero por un motivo totalmente contrario. Según los populares, la nueva ley, de haberse aprobado, lo que hacía era "restringir la competencia" y "expulsar ciertas empresas" del mercado. Ciudadanos ha rechazado posicionar durante el debate.