La investigación judicial que afecta al jefe de Gabinete del president de la Generalitat, Eduard Rivas, ha centrado este martes las ruedas de prensa en el Parlament, con una oposición que ha intensificado la presión sobre Salvador Illa y le exige explicaciones inmediatas. Mientras tanto, ERC y los Comuns optan por la prudencia y apelan a respetar los tiempos judiciales. Desde Junts, su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado la comparecencia urgente del president: “Esperamos que el president de la Generalitat salga a dar explicaciones".

En una línea mucho más dura, el PP ha cargado frontalmente contra Illa. Su portavoz, Juan Fernández, ha expresado “gran preocupación” por el hecho de que el presidente tenga un jefe de gabinete investigado por malversación de fondos públicos. Ha recordado que en enero se le confiscó el teléfono móvil en el marco de la investigación y ha exigido una respuesta pública más allá de un comunicado. “Es claro que el presidente debe escoger mejor las compañías”, ha afirmado, vinculando el caso con otras polémicas y acusando a Illa de “escapismo” ante situaciones comprometidas. En la misma línea, el líder del grupo parlamentario popular, Alejandro Fernández, ha ironizado en las redes sociales: “Koldo, Salazar, Chili y ahora esto... lo que está claro es que Salvador Illa debería escoger mejores compañías...”.

Vox también ha aprovechado el caso para cargar contra el presidente, asegurando que “todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba teniendo sospechas de corrupción”. La formación ha vinculado la investigación con supuestas irregularidades en contratos de mascarillas y concesiones a empresas chinas, y ha advertido que seguirá “atentamente el caso”.

Desde la CUP, el diputado Xavier Pellicer ha sido igualmente contundente: “Es la última de un ejemplo de un Govern que es un desastre”. Ha criticado la gestión del ejecutivo y ha reclamado autocrítica y medidas inmediatas: “No solo hay que ser honrado, sino que hay que parecerlo”.

ERC evita pedir nada a Illa

En cambio, ERC ha optado por rebajar el tono y evitar pronunciarse hasta que haya una resolución judicial. Su portavoz, Ester Capella, ha remarcado que se trata de un caso “judicializado” y ha defendido respetar los tiempos de los juzgados. “En estos momentos no pediremos nada con relación al señor Rivas”, ha dicho, subrayando que su partido actuará cuando haya una resolución clara.

Los Comuns se han situado en una posición intermedia. Su portavoz, David Cid, ha reclamado “máxima transparencia y colaboración con la justicia” y ha apuntado que, si se confirmara una implicación directa de Rivas, debería dimitir. Sin embargo, ha admitido que por ahora se desconocen los detalles porque el caso está bajo secreto de sumario.

Illa mantiene la confianza en su jefe de gabinete

A pesar de la presión política, desde la Presidencia de la Generalitat mantienen el apoyo a Rivas. Fuentes del Govern aseguran que Salvador Illa tiene “plena confianza” y destacan que el propio jefe de gabinete es “el primer interesado en que se esclarezca esta investigación cuanto antes mejor”.

La causa judicial está vinculada a su etapa como alcalde de Esparreguera. El pasado mes de enero, agentes de la Unidad Central de Investigación de los Mossos d’Esquadra registraron el Ayuntamiento para investigar supuestas irregularidades en contratos públicos, especialmente de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. En aquel dispositivo también se requisó el teléfono móvil de Rivas, que figura como investigado y se ha personado en la causa con su abogado.

La investigación también apunta a la relación con la Fundació d’Inserció Laboral (FIL) d’Esparreguera, con la cual el consistorio había trabajado en los últimos años. En febrero de 2025, los Mossos ya detuvieron a tres personas vinculadas a esta entidad por presuntamente destinar fondos públicos a gastos privados. El procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario. En el momento del registro, el Ayuntamiento de Esparreguera ya defendió que la investigación “no implica ninguna conclusión ni responsabilidad acreditada” y reclamó respeto por la presunción de inocencia.