El relator de las Naciones Unidas para la vivienda adecuada, Koldo Casla, ha criticado este jueves, al día siguiente del desalojo forzoso de Maricarmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, de la que había sido su casa en el centro de Madrid durante 70 años, que la jueza del proceso no lo hubiera suspendido. En una publicación en la red social Bluesky, Casla indica que la magistrada habría tenido que haber suspendido temporalmente el desalojo "para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe". A su parecer, "no se debería producir un desalojo sin alternativa residencial", como en este caso que durante las últimas 24 horas ha centrado la actualidad sobre la crisis de vivienda en el Estado español.
En su publicación, el relator cree que el caso de Maricarmen "pone de manifiesto que la legislación española actual no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado" sobre los desalojos y, por esta razón, indica que "la legislación procesal" del Estado "requiere" ser enmendada para evitarlo. Para Casla, "no hay forma de entender de qué forma puede estar justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y hace 70 años que vive en esa casa". En este contexto, indica que "no se puede producir un desalojo sin alternativa residencial" y que esto significa que "todo desalojo que pueda dejar a alguien en la calle se tiene que paralizar hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezcan una alternativa viable y justa".
"Que haga negocio en otro sitio"
A su parecer, "un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones del alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda". El relator indica que "si la inversión no es rentable con la inquilina dentro, que haga negocio en otro sitio". En este sentido, indica que ya el pasado mes de junio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, organismo del cual depende el cargo de relator especial sobre la vivienda adecuada, "decretó medidas cautelares para suspender el desalojo temporalmente".
Entonces, y ante el tercer intento de desalojo de Maricarmen, que el Sindicato de Inquilinas de Madrid consiguió detener, el comité escribió al representante de la ONU en España que "los desalojos no debían provocar que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos". Pedían que el desalojo de Maricarmen de su casa se detuviera hasta que las administraciones adoptaran las medidas necesarias "para que se le proporcione otra residencia" y evitar los "posibles daños irreparables" que sufriría esta vecina de la capital española.
Se quedará "en observación" en el hospital
Después de que la policía entrara en la vivienda abriendo la puerta con una radial, la anciana octogenaria con movilidad reducida salió de la que era su casa en camilla, yendo hacia el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde se valoró su estado de salud. Después de más de siete horas de intervención policial, la octogenaria y discapacitada fue trasladada al hospital donde, de momento, ha pasado la noche. Desde el Sindicato de Inquilinas indican que ha sido trasladada a planta, donde "seguirá unos días" y que se encuentra bien, pero que los médicos han decidido dejarla "en observación" debido "a los nervios del desalojo". La comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, después de un dispositivo policial que se alargó durante más de siete horas, en el que la policía española desalojó a las decenas de activistas —algunos acampados desde la noche— que intentaron impedirlo.