La Generalitat ha enviado a los abogados de todos los departamentos los nuevos criterios para personarse en la defensa de funcionarios en casos penales. Este miércoles, el gabinete jurídico central, que depende del Departament de Presidència, ha comunicado el nuevo criterio general nacido del pacto con la CUP y que afecta a la defensa de todos los trabajadores públicos, como los Mossos d'Esquadra. Entre otras novedades, el documento pone por escrito que la Generalitat ya no acusará por desórdenes públicos y que en el caso de las lesiones contra funcionarios, para presentarse como acusación particular hará falta que esté acreditado quien es el autor de estas. Con respecto al atentado contra la autoridad, la nueva norma dicta que se valorarán los casos individualmente, pero que el criterio será más restrictivo que en el pasado. En paralelo, la Generalitat está terminando la revisión de una treintena de casos que ya están en marcha.
Nueva normativa
Tal como se pactó con la CUP, la Generalitat ya no se presentará como acusación particular en los casos por desórdenes públicos. A partir de este momento, tal como se ha dejado por escrito este miércoles, se considera que este papel lo tiene la fiscalía. Por otra parte, la Generalitat sí que será acusación particular en los casos que un funcionario haya sufrido lesiones o daños, pero siempre que se pueda acreditar el autor de los hechos. Con respecto al delito de atentado contra la autoridad, la Generalitat ha concluido que se evaluarán los hechos caso por caso, aunque con un criterio más restrictivo que hasta ahora. El documento remitido este miércoles a los abogados de los departamentos catalanes ha querido garantizar la defensa del funcionariado y especifica que estará disponible durante toda la semana, no como hasta ahora, que estaba circunscrita a los días laborables. Los abogados de la Generalitat están ahora terminando la revisión de una treintena de casos que ya se habían iniciado para decidir de cuántos pueden retirarse como acusación particular o al menos rebajar la petición de penas.
Acusación
La controversia por el ejercicio de la acusación por parte de la Generalitat ha sido|estado sujeto de debate en los últimos años, sobre todo a raíz de varios casos donde han actuado en contra de personas represaliadas en el marco de protestas o actuaciones independentistas. Hace unos días, la Generalitat ya se retiró de la causa contra siete personas que el 30 de enero del 2018 protestaron en el Parque de la Ciutadella contra la no investidura de Carles Puigdemont. La fiscalía reclamaba tres años de prisión y la Generalitat pedía dos por atentado y desórdenes, pero no lesiones. Y es que la mayoría de estos casos afectan mossos d'Esquadra. Con estos cambios, el Govern pretende hacer compatible la defensa de los servidores públicos y un criterio de proporcionalidad. Hasta ahora no había un escrito de estas características y cada abogado de cada departamento actuaba como consideraba oportuno. Este documento, firmado por el director del gabinete jurídico central, pretende poner negro sobre blanco en qué situaciones la Generalitat tiene que personarse como acusación particular cuando los funcionarios hayan sido víctimas de ilícitos penales. En la mayoría de casos son mossos d'Esquadra, pero también pueden ser funcionarios de prisiones, maestros o médicos, entre otros.
Foto principal: agentes de los Mossos desplegados delante de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Via Laietana / ACN