El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reitera que el Supremo no vulneró los derechos políticos del líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exsecretario general de este partido Jordi Sànchez cuando les impuso prisión preventiva a raíz de su participación en el proceso independentista. El TEDH ya concluyó el pasado noviembre que no se habían vulnerado los derechos de los tres políticos independentistas después de que con su encarcelamiento se les privó de participar en la campaña de las elecciones al Parlament de 2017 y en las posteriores sesiones de investidura. No obstante, los tres políticos solicitaron que se revisara su caso. Este lunes un panel de cinco jueces del Tribunal de Estrasburgo ha ratificado por unanimidad aquella decisión, que es ya, por lo tanto, firme, i con la cual se desestima elevar el caso a la Gran Sala del Tribunal.

Los jueces han concluido, según un comunicado hecho público por el TEDH, que no ha habido ninguna violación del protocolo sobre la libre elección de los diputados; y que las autoridades españolas ponderaron los intereses en juego de manera que no puede considerarse arbitrario el encarcelamiento ni que se haya vulnerado la libre expresión de la voluntad popular. Añade que el encarcelamiento no era incompatible con el derecho a ser elegidos y a ocupar escaños en el Parlament.

Encarcelado en medio de la investidura

Asimismo, el Tribunal asegura que no se violaron los derechos de Jordi Turull cuando el Supremo ordenó su encarcelamiento preventivo en marzo de 2018 en pleno debate de investidura; y rechaza que este ingreso en prisión se hubiera dictado con el único propósito de impedirle asumir el cargo de president de la Generalitat, tal como ha denunciado el entonces diputado. Además, considera que el tiempo que se tardó en tramitar su recurso de amparo no ha comportado una vulneración a su derecho a una decisión rápida sobre la legalidad de su detención.

En la resolución de noviembre, el TEDH avaló la prisión preventiva dictada contra los políticos independentistas con el argumento de que "pretendían la ruptura estructural del Estado, poniendo en peligro valores fundamentales como la soberanía nacional o la unidad de la nación española". Aseguraba que Junqueras, Turull i Sànchez no habían sido encarcelados por su ideología, sino por ser juzgados por delitos muy graves como la rebelión o sedición.

Los tres políticos presentaron sus demandas por separado en 2020 y el TEDH las unificó. El abogado de Turull, Jordi Pina, denunció que el 23 de marzo de 2018 siendo diputado en el Parlament y cuando se encontraba en libertad bajo fianza por la causa del 1-O el Supremo ordenó de nuevo su encarcelamiento "sin que hubiera sucedido ningún hecho relevante", cuando se encontraba en pleno debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat. La víspera se había celebrado la primera votación y al día siguiente correspondía sustanciar la segunda. Jordi Sánchez denunció que se violó su derecho a participar en la campaña electoral del 21 de diciembre de 2017 y asistir al Parlament y a la sesión de investidura. El abogado de Oriol Junquera, Andreu Van den Eynde, denunció que el Supremo impidió a su cliente asistir a la sesión constitutiva del Parlament, a pesar de que era una medida preventiva.