La puesta en marcha del nuevo juzgado de delitos leves de Barcelona culminará a finales de este enero. Así lo ha confirmado la consellera de Justícia, Ester Capella, después de mantener una reunión este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos.

El objetivo que persigue la creación de este nuevo tribunal es evitar que las infracciones leves prescriban y queden impunes a causa del colapso judicial. "Hemos iniciado el desdoblamiento de plantilla y puesto en marcha las herramientas necesarias", ha asegurado Capilla, que confía en que esta nueva medida garantice el ejercicio de un "auténtico servicio público".

La consellera ha aprovechado la ocasión para volver a pedir al Estado español que se apresure y nombre a los letrados y apruebe las partidas para los sueldos. En este sentido, Barrientos ha explicado que todavía se tiene que definir "la dimensión de esta segunda guardia" para los delitos leves y ha avanzado que el juez designado será uno de los magistrados de instrucción de Barcelona.

En la reunión de la comisión mixta entre Justicia y el TSJC también se han puesto sobre la mesa las "deficiencias evidentes" a las que los tribunales catalanes tienen que hacer frente. Barrientos ha reconocido el esfuerzo por parte del Gobierno por dar salida a estas "necesidades" con un presupuesto limitado pero ha lamentado que la ejecución de estas medidas no acaba nunca de concretarse.

El presidente del TSJC y la consellera discrepan en la situación de la seguridad de los edificios judiciales. "No hay un problema en este sentido", ha dicho Capella, a quien Barrientos ha respondido que es un tema que todavía no se ha abordado a la comisión mixta.

Con respecto a la celebración de la reunión, Capella ha asegurado que la relación con el TSJC está "dentro de la normalidad" y que se trata del tercer encuentro que han mantenido ambos representantes.