El informe anual del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha constatado que no se han implementado las recomendaciones formuladas en el 2019, cuando se pedía la liberación inmediata de siete de los nueve presos y presas políticos catalanes. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha publicado su informe anual en el marco de la 45.ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde hace seguimiento de los dictámenes emitidos en el 2019 y donde deja en evidencia que España no ha aplicado su petición. Es el único Estado de la UE incluido en el informe.

El informe anual también revela que el estado español pidió la revisión de la petición de liberación inmediata de las presas y presos políticos, como también "lo hicieron países conocidos por sus violaciones de los derechos humanos", según la ANC, como Arabia Saudí, Egipto, Túnez, Marruecos y Colombia. El Grupo de Trabajo respondió con una negativa debido al incumplimiento de requisitos.

"Con la publicación de este documento, el Grupo de Trabajo ha vuelto a poner en evidencia la falta de reconocimiento del estado español hacia los organismos internacionales con respecto a la situación en Catalunya, y su doble moral a la hora de reclamar el estado de derecho mientras ignora prerrogativas de derecho internacional como la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y la discriminación por razones políticas", ha indicado la ANC, entidad que llevó el caso a la ONU.

 

 

 

En los dos informes sobre la situación de las presas y los presos políticos catalanes, publicados el año pasado, se pedía su libertad inmediata y se denunciaban violaciones de derechos de las que habían sido víctimas, entre ellas el derecho a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y asociación, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, la libertad de pensamiento, la igualdad ante la ley, el derecho a la participación en asuntos públicos y la discriminación por expresar opiniones políticas favorables a la independencia de Catalunya. Además, pedía reparar los daños causados y llevar a cabo una investigación independiente sobre la detención arbitraria.

El Grupo de Trabajo también expresó que hacer un referéndum sobre la independencia, en el estado español no es ilegal, sino que se enmarca en las expresiones legítimas amparadas por los derechos de libertad de opinión y de expresión.

El Grupo de Trabajo emitió en 2019 85 dictámenes sobre la detención de 171 personas en 42 países. El estado español es el único país incluido en el informe que es miembro de la Unión Europea. Los dictámenes son fruto de una iniciativa de las defensas de las presas y los presos políticos impulsada por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en el 2018, que pretendía confirmar si su situación de prisión preventiva vulneraba derechos fundamentales, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el estado español.