El jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, Ramon Chacón, ha advertido que la corrupción policial ya se ha convertido en una amenaza vinculada a la expansión del narcotráfico en Catalunya. Durante la jornada Criminalidad organizada y corrupción pública, organizada este miércoles por la Oficina Antifrau de Catalunya y el CEJFE, Chacón ha explicado que el crecimiento de los cultivos de marihuana ha modificado el escenario porque estas plantaciones están mucho más repartidas por el territorio que otras actividades relacionadas con las drogas. Esto, según ha señalado, multiplica los contactos entre organizaciones criminales y agentes policiales y abre la puerta a intentos de captación para obtener información sobre investigaciones, vehículos u operativos. "Se están abriendo estas ventanas en que determinados policías, por el vínculo, por lo que sea, porque les dan dinero, empiezan a trabajar con estas organizaciones de tráfico de marihuana", ha alertado. "Que las mafias entren en las organizaciones policiales es un desastre", ha lamentado.
Chacón ha recordado que, históricamente, los Mossos habían estado menos expuestos a determinados riesgos de corrupción vinculados al narcotráfico porque no operaban de manera habitual en los principales puntos de entrada de droga. Según ha explicado, buena parte de la cocaína entra en el Estado a través de los puertos y el hachís lo hace principalmente por la costa, espacios donde tradicionalmente tienen más peso la Guardia Civil y otros cuerpos estatales. La expansión del negocio de la marihuana, sin embargo, ha alterado este escenario. El comisario ha señalado que el año pasado los Mossos desarticularon 98 organizaciones y grupos criminales, de los cuales 20 tenían la consideración de organizaciones y el resto eran grupos. En dos de estas 20 estructuras, ha añadido, se detectó la implicación de policías que facilitaban información.
Según ha explicado Chacón, los Mossos investigan cada año a agentes sospechosos de estar relacionados con el tráfico de drogas y que el cuerpo recibe informaciones sobre posibles vínculos entre policías y redes criminales. Ante este riesgo, ha reivindicado el trabajo de la División de Asuntos Internos y del área de anticorrupción, así como la coordinación con fiscalías especializadas y otros organismos de control. Según el comisario, disponer de estas estructuras de supervisión no solo permite detectar posibles casos, sino que también ejerce un efecto disuasorio ante intentos de captación o corrupción dentro del cuerpo.
Más allá de las multas
La fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración pública, Belén Martínez, ha puesto el foco en las herramientas disponibles para combatir la corrupción más allá de las sanciones económicas. Martínez ha señalado que delitos como el soborno, la prevaricación o el tráfico de influencias plantean cuestiones procesales que van más allá del ámbito estrictamente penal y ha defendido que el efecto disuasorio también pasa por actuar sobre los beneficios del crimen. En este sentido, ha destacado el decomiso de bienes como una prioridad y ha reclamado que este trabajo "debe iniciarse desde el principio de la investigación para asegurar que se puedan decomisar posteriormente", ha opinado.