De entre los ministros que conforman el gobierno del presidente Mariano Rajoy, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, destaca por la capacidad para trazar escenarios que le permitan conseguir sus fines. Hace semanas Montoro aprovechó las necesidades económicas de las siete comunidades socialistas para forzar al PSOE a pactar el techo de gasto y el déficit autonómico al 0,6% –que él prefería al 0'5%. Más tarde, subió impuestos que no afectan a las familias –como el de Sociedades– para no recortar en gasto social. Bajo amenaza de congelarlo, el ministro dispara ahora para que Ferraz también le apruebe los Presupuestos y no tener que prorrogarlos.

"Sería como pintoresco, una cosa fuera de serie, que si nos hemos puesto de acuerdo en lo anterior no lo hiciéramos para aprobar los presupuestos. ¿Por qué motivo? ¿Por razones políticas propias? ¿Por problemas en nuestras formaciones? Esto es una situación política de primer orden que afecta a los ciudadanos", ha afirmado el ministro durante la comisión de Hacienda que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso. La visita era a petición del Gobierno para explicar de qué forma prevé cumplir el déficit del año 2017, así como el informe de la Comisión Europea sobre dicho plan.

Montoro no hablaba Ciudadanos, socio de investidura de quien espera el voto afirmativo, ni tampoco al PNV, porque el Gobierno central no ve dificultades en que le apoye. Menos, a ERC y PDeCAT, que ya la han avisado de que su hoja de ruta es el referéndum. El PSOE es el interpelado, ya que los postulados del "no es no" de la corriente más cercano al ex secretario general Pedro Sánchez, y del ya candidato Patxi López, amenazan con dejar en jaque la jugada. Pero Montoro guarda un as en la manga: la prórroga de los presupuestos puede congelar el gasto social. "Sólo podremos hacer lo que sume mayoría" dijo hace semanas.

Los socialistas se han sentido aludidos y han avisado de que en ningún caso darían apoyo a recortes en materia social –dependencia, sanidad, educación– o disminución de los recursos de las comunidades autónomas, como ha dicho el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Julián López. Este ha devuelto el revés sobre la batalla de las primarias en su partido, preguntando a Montoro si se refería a que el expresidente José María Aznar hacía presión para que Rajoy no subiera impuestos. Así ha cuestionado si el Partido Popular quería esperar a después de su congreso interno para presentar el proyecto presupuestario.

El ministro se ha encendido y ha supeditado la remisión de la ley a tener el apoyo necesario. "No lo hemos traído a las Cortes porque no lo tenemos acordado. Fracasarían. ¿Alguien entendería que empezáramos así la legislatura? ¿Sería eso estabilidad política? ¿Alguien tiene prisa? Pues acuerden con el Gobierno. Ya sé que los presupuestos del 2016 no les gustaron, pero llorar sobre la leche derramada ya no tiene demasiado sentido" ha sentenciado. También se vuelto contra los independentistas: "Yo ya sé que tanto les da, porque ya tienen un gobierno de España que vela por ustedes" les ha increpado.

ERC y el PDeCAT han respondido por alusión directa. Tanto la republicana Esther Capella como el demócrata Ferran Bel han indicado que su negativa venía esencialmente por el régimen de FLA, o el caso omiso que hace la Moncloa a la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cuando defiende –al igual que hace a la Generalitat– que el déficit tiene que ser asimétrico entre autonomías para garantizar la eficiencia. Capella ha añadido las diferencias entre comunidades con respecto a los autónomos o la pequeña empresa, así como a los emprendedores, afirmando que Catalunya está en una situación de agravio.

El PP, ¿socialdemócrata?

La oposición ha dedicado parte de la comisión a rebatir que España no cumplirá el déficit del 3'1% previsto para el 2017, aunque Montoro asegura que habrá superávit primario en 2018 –es la diferencia entre lo que ingresa un Estado vía impuestos y lo que gasta en pagar a funcionarios y sus políticas–. El argumento es que la CE no ha impuesto a España la adopción de medidas adicionales para cumplirlo y ha destacado que es la primera vez que Bruselas emite una opinión favorable a su proyecto y no un dictamen de riesgo de incumplimiento. "Es un motivo de felicitación común que tengamos esta valoración positiva porque otorga credibilidad a la política económica desarrollada", ha apostillado.

Al respecto, la Portavoz del PP, Ana María Madrazo, ha defendido la subida de impuestos que Montoro anunciaba en la exposición inicial para tranquilizar al PSOE. "El ajuste 2017 no venderá del lado de los gastos, sino vía recaudación" dijo Madrazo. La cuestión es que Hacienda prevé remitir a las Cortes más tributos para "desalentar determinados consumos" que puedan producir contaminación, como ya se hizó con la imposición del gas fluorado para reducir sus emisiones. Estas figuras impositivas no tienen a priori un impacto recaudatorio, el Gobierno en minoría necesitaría apoyos.

Sobre los impuestos que el Ejecutivo aprobó en diciembre, Montoro ha intentado nuevamente seducir a los socialistas afirmando sobre el de Sociedades que era "injusto" que las empresas que "menos tributan" sean las grandes corporaciones, sino que se deberían equipararse a PYMES. También ha explicado que el nuevo plan de control de la facturación del IVA entrará en vigor en julio con la implantación del sistema de Suministro inmediato de Información (SII), un sistema que afectará a más de 60.000 contribuyentes. Finalmente adelantado que la Agencia Tributaria trabajará en el control del fraude de grandes fortunas, especialmente en el IVA, las corporaciones internacionales y el fraude en el ámbito digital.