El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, redobla la intervención de las finanzas de la Generalitat a dos semanas del 1 de octubre, después de que el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, se cerrara de lleno a enviar el informe semanal que acreditaba que el Govern no gastaba un solo euro en el referéndum. Montoro da un ultimátum de 48 horas a Catalunya antes de hacerse cargo del pago de la mayor parte de sus facturas, tanto de las partidas que no sean servicios básicos, como de las que sí, autorizando el resto y limitando todas las operaciones de endeudamiento.

"Ante la situación de manifiesta ilegalidad, instauramos un mecanismo de control de gasto absolutamente necesario para garantizar los pagos de la Generalitat, de manera que la posición no perjudique a sus finanzas, ni a las del resto de España", ha justificado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes sobre el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Montoro ha dicho que no era una intervención competencial porque no decidía en qué se gastarían las partidas, pero no ha reconocido la intervención de facto.

Las medidas señaladas por el jefe de Hacienda son cuatro:

1) El envío de un requerimiento al president Carles Puigdemont para que en el plazo de 48 horas comunique un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto vinculado al gasto de servicios públicos, fundamentalmente nóminas, Seguridad Social, Educación y Sanidad. En caso contrario, sería el ministro que lo adoptara. 2) Para el pago de los servicios públicos fundamentales, la comunidad tendrá que comunicar todos los créditos pendientes, la información tendría que ir firmada por la Intervención General. 3) La Generalitat no podrá efectuar un pago que no esté suficientemente acreditado. 4) Todas las operaciones de endeudamiento, también las de corto plazo, tendrán que ser aprobadas por el ministerio.

"¿A quién le molesta que le controlen que su dinero se ajusta a la legalidad? ¿Qué cosa tan rara quieren hacer que no lo quieren comunicar? ¿A usted qué le molesta de todo eso? ¿Qué está pensando pagar?", se ha descargado el ministro con tono paternalista, quien ha recordado que el Tribunal Supremo había tumbado la negativa de Junqueras a enviarle los informes semanales. Montoro ha zanjado que la medida aseguraba que no había ningún pago contrario a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y se comprendía dentro de esta legislación vigente, en su disposición primera.

Sobre las diferencias con la medida del Fondo Liquidez Autonómico (FLA) acondicionado que adoptó la misma Comisión Delegada de Asuntos Económicos el pasado 21 de julio, el propio ministro ya avisó en una comparecencia en el Congreso hace unas semanas que no entraría en vigor. "Aquella medida era de control informativo", ha rectificado sobre una vía que iba orientaba en un inicio a impedir partidas para el referéndum. Entonces también informó de su tesis sobre que las "políticas secesionistas hundían Catalunya" y por eso creía que hacía falta intensificar los controles.

Ante ese escenario, fuentes de la Moncloa aseguran que el Ejecutivo habría hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el mismo presidente de Ciudadanos, a Albert Rivera, para informarles al respecto y estarían "de acuerdo", bajo la idea de que el referéndum "es ilegal". Aun así, Montoro ha anunciado que próximamente pedirá comparecer en el Congreso de los Diputados para "explicar el contenido y alcance de esta medida con todos los grupos políticos". Aquí ha añadido que pasadas las 48 horas, será la semana próxima cuando entre en vigor el control de facto.