El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha requerido a las entidades del sector público de la Generalitat que informen sobre pagos o ayudas otorgadas desde el 2015 a una sesentena de personas, entidades, medios de comunicación y empresas, entre las cuales está el expresidente del ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o la expresidenta del AMI, Neus Lloveras.

El requerimiento, enviado a la interventora general, Rosa Vidal Planella, pide explícitamente que se informe de "la totalidad de los pagos efectuados" por "cualquier concepto". Todo apunta que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro continuaría su búsqueda de indicios que demuestren que el gobierno de la Generalitat invirtió fondos públicos para financiar el procés y, de esta manera, poner los fundamentos para la imputación de un posible delito de malversación.

 

El documento, avanzado por La Vanguardia, pide a la Generalitat que identifique a las personas concretas - "funcionarios, empleados públicos o autoridades" - responsables de estos pagos en cuestión. La información tiene que ser transmitida a la Secretaría de Estado de Hacienda antes del día 12 de marzo a las 10:00 horas.

En el listado, hay medios y empresas de comunicación como Mediapro y el diario Ara. También varias personas y empresas relacionadas con este último diario, como Toni Soler, Antoni Bassas, Xavier Bosch y el empresario Ferran Rodés y la empresa Agrolimen, propiedad de la familia Carulla, la misma que posee el Ara.

Más allá de los requerimientos de información sobre empresas, también se centran especialmente en los pagos a personas físicas, como por ejemplo, Oriol Soler Castanys, fundador del Grup Cultura 03, impulsor del diario Ara y vinculado a campañas de la ANC y Junts pel Sí.

También aparece la revista Sàpiens y el periodista y editor catalán Eduard Voltas, exdirector de la revista y actual consejero delegado de Time Out. Además, citan el diario Contrapunt, la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas o entidades como  Procés Constituent, Sobirania i Justícia o Súmate, entre otros.

Segunda petición de información

El gobierno español ya requirió otro informe de la interventora Rosa Vidal, en el que pedían que se les informara sobre los gastos en que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el mencionado referéndum. La respuesta de Vidal aseguraba que no le constaba ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares. 

Basándose en este informe, el gobierno español admitió que la Generalitat no gastó dinero público al referéndum. Sin embargo, desde el ministerio de Hacienda, siguen buscando otras posibles vías de malversación.