La portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, ha echado pelotas fuera de encima las presiones del Tribunal Supremo a las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas que han recibido el encargo del departamento de Justicia de la Generalitat de flexibilizar los segundos grados y los 100.2 para esponjar los centros ante el confinamiento por el coronavirus.

En una breve nota, el alto tribunal, ha dicho explícitamente que si se deja pasar el confinamiento en casa a los presos políticos podría haber un delito de prevaricación por parte de los funcionarios.

Montero no se ha mojado durante la rueda de prensa que a hecho a primera hora de la tarde el Gobierno cuando los periodistas le han preguntado: "Como siempre cuando se nos pregunta, son las juntas de tratamiento y el juez de vigilancia penitenciaria a quien valora. Serán ellos a quienes competa decidir sobre la cuestión".

Y ha añadido que el ministerio Interior "está reforzando la vigilancia del conjunto de las prisiones, tantos funcionarios como los que están en contacto con los internos para que no haya problema de salud evitables".

 

 

Esta mañana la consellera de Justicia, Ester Capella, ha apuntado que hace falta "que haya menos gente" en las prisiones en el actual contexto y por eso ha pedido a las direcciones de los centros penitenciarios que "analicen bien lo que permite la ley".

Ha abierto la puerta además terceros grados, el 69% de los qual se encuentran en confinamiento en su casa, pero también pueden estar en la misma situación los 100.2, y eso incluye a los presos políticos.

Esta semana, a partir de hoy, se reúnen las juntas de tratamiento de las prisiones, que son las que tienen competencias para tomar la decisión, para estudiar hasta qué punto se puede flexibilizar el segundo grado y el 100.2. Las medidas "se aplican de manera progresiva", apuntan fuentes del departamento de Justicia en El Nacional.

La autoridad competente acaba siendo el juez de vigilancia penitenciaria. Pero la medida se puede recurrir. Y en este caso, la decisión saltaría al Tribunal Supremo, que ya se ha activado antes de que nadie tome ninguna decisión por advertir que dejar a los presos políticos pasar el confinamiento en casa podría ser un delito de prevaricación.