La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que el decreto de remanentes de los ayuntamientos que permite que puedan gastar 5.000 millones de euros no es ninguna "confiscación, hurto o robo", sino "la única vía" que ha encontrado el ejecutivo para que los consistorios se puedan saltar la regla de gasto. Montero ha recordado que este es un mecanismo "voluntario" y ha negado que su ejecutivo necesite los 23.000 millones restantes del superávit de los ayuntamientos para cuadrar sus cuentas. "Aquí nadie confisca nada, sino que se pone en marcha un mecanismo que quien entienda que es útil puede utilizar", ha dicho.
Según Montero, esta es la única vía que permite que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes más allá de lo que limita el déficit. Cualquier otra norma, ha afirmado, "sería inconstitucional".
De hecho ha apuntado que su ejecutivo trabaja para que en el 2021 los ayuntamientos se puedan saltar de nuevo la regla de gasto que se desprende del artículo 135 de la Constitución. Por eso ha pedido a la oposición que no utilice esta cuestión –que ha generado una ola de respuesta por parte de los alcaldes- para sacar réditos políticos.
En este sentido ha emplazado a los grupos a modificar lo que consideren negativo del decreto durante su tramitación como proyecto de ley, pero al final permitan que los ayuntamientos puedan utilizar parte de sus remanentes.
Además ha asegurado que el Gobierno no necesita el dinero de los ayuntamientos para cuadrar sus cuentas, y ha recordado que al estado la medida le acabará costando 5.000 millones porque tendrá que devolver la totalidad del dinero.
El decreto permite que los ayuntamientos accedan al 35% de su superávit, unos 5.000 millones en total, y tengan la posibilidad de prestar al Estado el resto a través de un crédito a 15 años.