La Guardia Civil y la policía española intervinieron teléfonos de una cuarentena de activistas de Esquerra Independentista, entre los cuales miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) y un concejal de la CUP en Cardedeu. Según una investigación que publica este lunes La Directa, el ministerio del Interior habría justificado el espionaje bajo el paraguas de "la lucha antiterrorista". El citado digital ha tenido acceso a documentación que demuestra que se espiaron 38 activistas entre los cuales está el concejal cupaire Hugh Lucchetti y el entonces portavoz de Alerta Solidaria Xavier Pellicer. El espionaje se hizo bajo la tutela de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía y se realizó con la tecnología (el sistema SITEL) y, también, un software especial de espionaje. Los documentos no lo aseguran pero el digital indica que se habría utilizado un programa similar a Pegasus, ya que el objetivo es intervenir comunicaciones de aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Seguimiento por parte de agentes de paisano

Esta intromisión, según indican las más de 2.000 hojas de información a los que ha tenido acceso La Directa, se habría producido pocos días después de la huelga general del 8 de noviembre de 2017 y se habría alargado, como mínimo, hasta el primer trimestre del año 2019. La tarea de la Guardia Civil y la policía española consistía en la intercepción de llamadas y SMS, la infestación de terminales mediante un software de espionaje, el seguimiento por parte de agentes de paisano, la colocación de balizas de geolocalización en la carrocería de vehículos particulares y el acceso a cuentas de correo electrónico, Twitter y Facebook. La actuación la habría supervisado Tepol, la unidad de policía judicial para delitos de terrorismo y la actuación de espionaje habría recibido el aval de los jueces Diego de Egea, Carmen Lamela y Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional española, así como de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Teresa Sandoval. En el momento en que se iniciaron estas escuchas el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, ahora bien, el espionaje también siguió con Pedro Sánchez al frente del Gobierno (fue escogido en junio de 2018).

El espionaje a los CDR

De la documentación también se puede extraer que la policía, con la colaboración en algunos casos de los Mossos d'Esquadra, desplegó un dispositivo masivo de control de las actividades de los Comités de Defensa del Referéndum. En el informe hay detalles de los CDR y se hace referencia a una rueda de prensa celebrada el 5 de junio de 2017 en Vilafranca del Penedès "donde se presentó públicamente la plataforma llamada Comitè de Defensa del Referéndum, integrada por un grupo de personas vinculadas a la izquierda separatista radical". Según la Guardia Civil, el nombre de los CDR se escogió en homenaje a los "Comités de Defensa de la Revolución del Partido Comunista de Cuba".

Las más de 2.000 hojas contienen un organigrama piramidal de los CDR que sitúan las diferentes sectoriales, las territoriales y los núcleos locales, además de los nombres de personas que estaban siendo investigadas. De cada una de ellas se concreta la militancia y actividad actual, pero también su trayectoria activista, en algunos casos remontándose hasta el año 1996. Además, se detalla su actividad en manifestaciones y concentraciones, participaciones en asambleas o simples encuentros informales que han mantenido en bares o restaurantes. El activismo antifascista en las facultades de la Universitat Autònoma de Barcelona es uno de los que más se reitera en la investigación policial y se detalla con nombre, apellidos y militancia a los asistentes a diferentes actos de rechazo a la presencia al campus de Sociedad Civil Catalana y otros grupos de extrema derecha.

La operación Judas

La Guardia Civil también solicitó espiar algunos de los investigados en la llamada Operación Judas, el 23 de septiembre de 2019, poco antes de que se hiciera pública la sentencia al juicio por el 1-O. A los investigados en el marco de la Operación Judas, se les habría espiado mediante balizas adosadas a los bajos de sus coches particulares, aunque los dispositivos también se instalaron en vehículos de otras personas que no se detuvieron en aquella operación.