La instrucción del Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en la que pide a los Mossos estar al acecho de posibles acciones susceptibles de sedición, ha obligado a replantear la estrategia soberanista. El documento ha sido analizado con lupa por los servicios jurídicos tanto de la ANC como de la AMI para ir con pies de plomo con las acciones y las declaraciones de sus representantes. "No les pondremos fácil que nos empuren", es la consigna de varios dirigentes de estas entidades.

La AMI y los no aforados

Precisamente, la AMI celebró una reunión de su dirección el pasado 11 de noviembre en Girona con la instrucción del fiscal sobre la mesa. Algunos de los alcaldes y miembros de los servicios jurídicos propusieron una "pizca de calma" y sopesaron si vale la pena aprobar mociones en los plenos en apoyo a la "resolución de la desconexión" del Parlament. Los alcaldes creen que hay que estar al tanto cada vez que se haga una declaración o se tome una decisión susceptible de entenderse como desobediencia.

Uno de los motivos de la preocupación de los alcaldes y concejales asociados a la AMI es que ellos y los funcionarios son "el eslabón más débil del sistema institucional". "No estamos aforados, a diferencia de los diputados, y es más fácil que nos abran diligencias por apoyar una resolución que, de momento, no tiene ni ningún Govern que la lleve a cabo", apunta un histórico alcalde. "Yo ya estoy dispuesto a asumir responsabilidades pero otra cosa es ponerles una alfombra", apunta otro alcalde. La conclusión expresada por varios alcaldes a El Nacional es "calcular bien cada paso" para no facilitar que se decapiten instituciones municipales a las primeras de cambio.

Nadie se escapa de la instrucción

Pero no sólo la AMI está al caso de los peligros que comporta la instrucción de la Fiscalía. La ANC también tiene presente que cualquier acción, como una concentración, o un discurso, que se oriente a defender acciones legislativas o sociales hacia la independencia sea la clave para abrir un atestado policial por sedición a sus dirigentes.

Con este temor, la recomendación de los servicios jurídicos de las entidades reclaman un control y una moderación de sus palabras porque en caso contrario sería "gastar pólvora en salvas". Es decir, por una simple declaración verse implicado en un complicado proceso judicial que esposaría su acción política e institucional.

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