El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que irá a juicio con la "cara bien alta" y sin "ningún problema", porque considera que cumplió con su "deber" en la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014.
Mas ha reaccionado a través de las redes sociales en Internet: "Iremos a juicio con la cara bien alta y con el sentido del deber cumplido", ha escrito.
El líder del PDeCat (antes CDC) ha remarcado que, según su opinión, se los juzga "por las ideas, por escuchar a la gente, por poner las urnas y por defender la libertad y la democracia".
JxSí denuncia "el acoso" del Estado
Por su parte, Junts pel Sí ha criticado duramente que el TSJC ya haya fijado juicio contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau y que, en paralelo, haya anulado las ponencias de las leyes de desconexión a petición de C's.
La diputada Marta Pascal ha acusado al Estado de "acosar" a los dirigentes soberanistas con el objetivo de "amputar" el procés.
"Si quieren hacer callar algunos rostros conocidos, tienen que saber que lo volveríamos a hacer", ha remachado.
En esta línea, ha dicho que la judicialización del 9-N "interpela a todos los demócratas, también los españoles". A pesar de la voluntad del Estado de "poner en entredicho" la tarea parlamentaria, los grupos independentistas seguirán adelante con el mandato del 27-S, ha avisado.
Juicio del 6 al 10 de febrero
Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau irán a juicio por el 9-N del 6 al 10 de febrero del 2017. Así se lo han notificado este viernes. Serán cinco días de juicio, en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
Mas, Ortega y Rigau están acusados de haber desobedecido intencionadamente el TC e intentar hacer creer que habían dejado la organización de la consulta del 9-N en manos de voluntarios: "Generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así", dice el escrito de acusación. Y asegura que "los acusados eran plenamente conscientes de que con eso rompían el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional".