El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,2 millones de euros al expresident de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consellers por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Este lunes ha comunicado a los representantes legales de Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega, sus exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs y otras siete personas que participaron en la organización del 9-N la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de SCC y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en esa consulta.
Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros, según han concretado fuentes de SCC.
El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes a todos los denunciados el dinero que deberán afianzar antes de 15 días para garantizar que puedan hacer frente a una eventual condena. La cantidad de 5,25 millones de euros es el total al que Mas tendrá que responder de forma solidaria si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.
Mientras tanto, a Rigau se le ha impuesto un máximo de 3 millones de euros, a Homs hasta 2,1 millones y 800.000 euros para Ortega, han precisado las mismas fuentes, si bien estas cifras son provisionales, ya que los denunciados están presentado alegaciones tras conocer estas cuantías.
No acuden a la citación
Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación y podían enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada.
Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consellers ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
Los denunciantes individualizaron gastos públicos por importe global de más de 5 millones: construcción de una página web institucional (14.837,60 euros); material para votar (70.532,08); adquisición de ordenadores portátiles para mesas de votación (828.171,42); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77) y envío de información (307.962,71).
Inhabilitados
Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos, sentenciados por la vía penal: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Mas y a 9 meses a Ortega y Rigau por desobedecer al TC con el 9-N.
Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo como aforado por su condición de diputado y fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.
En su resolución, el Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por eso no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones.