Parar el proceso soberanista catalán. Este es el objetivo del Gobierno desde hace tiempo, pero ahora ha quedado manifiestamente probado después de las últimas declaraciones del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. El gobierno popular no sólo ha intentado parar el crecimiento del independentismo con la ya conocida Operación Catalunya, sino que también ha probado cortar las alas a los actores internacionales que le han apoyado.

Asimismo lo confesó el mismo Margallo este martes, cuando aseguró que desde el Gobierno se había negociado secretamente con varios gobiernos de todo el mundo para evitar que posicionaran a favor de la independencia de Catalunya. "Nadie sabe cuántos favores debemos a una cantidad de gente por haber conseguido que hicieran las declaraciones que hicieron", admitía el exministro.

A partir del minuto 10

Hasta cuatro veces viajó el exministro a los países bálticos y no por "intereses económicos", según explicó el mismo Margallo. Estos países se habían mostrado favorables a un nuevo estado catalán, y eso, no gustó al Gobierno de Madrid que decidió poner remedio a través de "instrucciones muy concretas a embajadores y cónsules, para que respondieran a cualquier ofensiva". Primero en los países bálticos, pero después también en Canadá o en el Vaticano, dijo el ministro. Una práctica basada en "sobornos", tal como tachó el vicepresidente Oriol Junqueras, que también fue extendida en muchos otros países. Desde Andorra en Bruselas, pasando por Holanda, Estados Unidos, Dinamarca o Israel.

Poner fin a la Vía Báltica

Los hechos se remontan al año 2013, cuando la Assemblea Nacional Catalana (ANC) organizó la Vía Catalana, una manifestación por la festividad del 11 de septiembre, que estaba inspirada en la Vía Báltica de 1989, cuando Estonia, Letonia y Lituania se movilizaron para exigir la desocupación de la URSS en su territorio. En el marco de este acontecimiento, los primeros ministros de Letonia y de Lituania fueron entrevistados por la ACN y se mostraron favorables al proceso. Las declaraciones provocaron una fuerte crisis diplomática con España, y el entonces ministro Margallo llamó a filas los embajadores de estos países para pedir explicaciones por sus apoyos. Poco después, sus palabras cambiaron.

En el caso de Lituania, el primer ministro, Algirdas Butkevicius, defendió el derecho de cada país a "encontrar su camino" y aseguró que todos los estados tienen su "derecho a la autodeterminación". Además, se mostró muy contento con que el ejemplo de la Vía Báltica inspirara a los catalanes. Dos días más tarde, y después de una fuerte polémica, el gobierno lituano salió al paso y aseguró que había habido un mal entendido. En un comunicado, aseguró que se había hecho una interpretación "tendenciosa y errónea" de sus palabras. El texto se emitió justo después de una reunión entre el ministro Margallo y el embajador.

Lo mismo pasó con Letonia. El entonces primer ministro letón, Valdis Dombrovskis, respondió "¿por qué no?" a reconocer la independencia de Catalunya si se alcanza con un "proceso legítimo". Después de la reunión con Margallo, el gobierno letón también cambió de discurso. "Se trata de cuestiones de política interna de España que se tratarán de conformidad con la legislación española y la Constitución", decía el comunicado letón, una frase casi calcada al comunicado que había hecho en Lituania poco antes. Además, también hablaba de interpretación "tendenciosa" de las palabras de Dombrovskis, y aseguraba que "aprecia las buenas relaciones y la cooperación con el Reino de España".

Hasta cuatro viajes a los países bálticos

La crisis diplomática, sin embargo, no quedó aquí. A finales de octubre de aquel mismo año, Margallo emprendía una gira por Polonia y los países bálticos. El primero de cuatro viajes que hizo Margallo por esta zona, según explicó él mismo en la citada entrevista. Casualmente por aquellas fechas se filtró que espanya estaba investigando si se habían comprado los apoyos en un estado catalán. Un supuesto informe elaborado por la unidad de inteligencia de la policía, fechado en el 2014, aseguraba que las declaraciones del líder letón fueron pactadas y compensadas económicamente, según publicó la revista Interviú. Nunca se supo nada más después de la publicación, pero lo cierto es que el apoyo del líder letón por el caso catalán decayó en público.

Tanto, que el 1 de noviembre de 2014, Dombrovskis fue nombrado vicepresidente de la Comisión Europea. El PP español, que comparte grupo parlamentario con Dombrovskis, votó a favor de la propuesta del ejecutivo de Jean-Claude Juncker, donde había el ex-primer ministro letón. Poco después, Dombrovskis cambiaba el discurso. El mes de septiembre de 2015, el entonces ya vicepresidente de la Comisión Europea aseguraba que la independencia de Catalunya supondría quedar fuera de la Unión Europea (UE).

Coincidencia o no, a finales del año pasado llegaba un premio por el báltico. En octubre, España entraba a formar parte de la Policía Aérea del Báltico, la operación de la OTAN que se encarga de la defensa con aviones de combate en Estonia, Letonia y Lituania ante las provocaciones de Rusia. Lo hacía con el compromiso de enviar aviones de combate españoles, cazas F-18, durante el 2017 y el 2018. Además, el mes de febrero de este año, España se comprometía con la OTAN a enviar 300 militar a Letonia.

Vigilancia de la embajada en Israel

Al poco tiempo del primer choque con los países bálticos, en noviembre de 2013, el entonces presidente Artur Mas iniciaba un viaje en Israel para poner en marcha un programa de colaboración científica entre los dos países. Lo acompañaban una treintena de empresas tecnológicas catalanas y los directores de los principales centros de investigación, además del embajador español en Israel, que no se quiso separar del presidente. 

El embajador Fernando Cardera estuvo presente en todas las reuniones de cualquier nivel entre los representados catalanes y sus homólogos israelinos, tomando notas de todo y, además, impuso la bandera española en la corona floral que el presidente depositó en el Museo del Holocausto. 

Prohibición en Holanda

A los Países Bajos también llegaron las presiones de la embajada española. Fue en el mes de septiembre de 2014, cuando el Instituto Cervantes de Utrecht canceló la presentación del libro Victus, de Albert Sánchez Piñol, que trata sobre la Guerra de Sucesión de 1714. Lo hizo después de las presiones recibidas por parte de la embajada, según aseguró la editorial holandesa que había publicado el libro de Piñol, porque creían que era una conferencia "sensible" teniendo en cuenta la situación política en Catalunya. Faltaban sólo dos meses para la consulta del 9 de noviembre. 

La prohibición causó una fuerte polémica y se acusó al departamento de Margallo de haber "censurado" el debate. Incluso el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tomó partido en la polémica y aseguró que el veto iba "en la línea de boicot internacional" que el Gobierno español hace en Catalunya. El ministro negó que hubiera habido veto político al libro, asegurando que no había tenido nada que ver, a pesar de que, en un debate en el Congreso, aseguró que el libro era una "interpretación de tipo nacionalista" del 1714 y que había muchas interpretaciones sobre estos hechos.

Crisis con Dinamarca

En mayo de 2015, las alarmas del ministerio de Exteriores español volvieron a saltar, esta vez, por Dinamarca. El parlamento danés aprobó el 19 de mayo de aquel año, una moción a favor del "diálogo democrático y pacífico entre Catalunya y España para resolver la cuestión de la independencia de Catalunya". Fue aprobada por 64 votos a favor, ningún voto en contra y 41 abstenciones.

Sólo cinco días después, el ministro danés de Asuntos exteriores, Martin Lidegaard, hizo unas declaraciones al lado de su homólogo español donde aseguraba que había habido un "malentendido" con la moción aprobada en su parlamento, y aseguraba que Dinamarca "no quiere interferir de ninguna manera" en la cuestión. Además, añadió que lo tenían que "resolver los españoles y, evidentemente, no hay que decirlo, de acuerdo con la Constitución española". Acto seguido, Margallo le daba las gracias por sus palabras, en una entrevista muy posiblemente pactada, como se ve en el vídeo, y sólo por Televisión española y la agencia pública española, EFE.

Hacia los Estados Unidos

Pocos días antes del 27-S, día en que se hicieron las elecciones al Parlamento de Catalunya que los partidos soberanistas adoptaron como plebiscitarias, el rey Felipe VI, y también el ministro Margallo, se desplazaron a los Estados Unidos. El Rey se reunió con el presidente de los EE.UU. Barack Obama y consiguió arrancarle una declaración a favor de la unidad de España. "Queremos una España fuerte y unida", defendió Obama. Un error de traducción, sin embargo, hizo tambalear por unos momentos la estrategia española. 

La traductora que asistia al encuentro entre los dos líderes tradujo mal la declaración de Obama y en lugar de decir que el presidente norteamericano quería una "España fuerte y unida", dijo que quería "una relación con España fuerte y unida". La cara de sorpresa del Rey al oír la traducción mostraba la preocupación del monarca por el malentendido. Poco después, miraba a la prensa para asegurarse que habían visto el error y habían recogido la declaración correcta.

Paralelamente, Margallo, que seguía el encuentro con secretario de Estado de los EE.UU., John Kerry, también fue consciente del error y después se aseguró que los periodistas presentes en el despacho oval habían tomado la declaración correcta.

Dos meses antes de estos hechos, en julio del 2015, el Congreso de los Diputados había aprobado que la base militar de Móron de la Frontera, en Andalucía, pasara de temporal a permanente y se convirtiera en el centro de operaciones del Pentágono por todo África. Fruto de este acuerdo, también se amplió la cifra máxima de efectivos norteamericanos en España, pasando de 850 a casi 3.000 (de los cuales el 80% son militares y el resto civiles). Un acuerdo, que supuso que la presencia militar de los EE.UU. en España se cuadruplicara en sólo ocho años.

En el Vaticano, 20 veces

Otro de los puntos donde Margallo confesaba haber viajado para detener el proceso catalán es en el Vaticano. A la Santa Sede podría haber viajado hasta 20 veces, según explicó Margallo en una entrevista en El Español el año 2015. La última el mes de septiembre de 2016, poco antes de ser relevado de su cargo con el cambio de Gobierno de Rajoy después de la última investidura.

Margallo se reunió en aquella ocasión con el secretario del Vaticano por las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, y le entregó una carta donde exponía las razones de la negativa española a aceptar el debate independentista catalán. En la reunión también abordaron los efectos de un referéndum unilateral de independencia y Margallo le expuso las críticas a las gestiones catalanas en el mundo para defender el proceso.

La visita del titular de Exteriores en el Vaticano, y el hecho de que entregara una carta contra el proceso, irritó al govern catalán. De hecho, el conseller de Exteriores, Raül Romeva, reprochó a Margallo que no actuaba como ministro de todos cuando cargaba en el mundo contra el proceso catalán.

Andorra, también

Justo después de esta reunión con Margallo, el arzobispo Gallagher viajó a Andorra, lo que se interpretó como un extraño triángulo entre Madrid, el Vaticano y el país pirenaico. Es aquí donde la operación exterior vuelve a conectar con la Operación Catalunya.

La visita se produjo justo cuando la justicia andorrana investigaba si había habido amenazas contra los accionistas mayoritarios de la Banca Privada de Andorra dentro de la llamada Operación Catalunya. Poco antes, Mariano Rajoy había enviado su jefe de Gabinete, Jorge Moragas, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, a Andorra para reclamar a los propietarios del Banco los datos de las cuentas del expresidente Pujol. El mismo Rajoy había visitado este país en enero de aquel año 2016.

El "sin comentarios" de la UE

Además, nadie duda de que las huellas de Margallo y de la diplomacia española han tenido mucho peso a las instituciones europeas. El año 2012 el entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y su portavoz hablaron abiertamente de la posibilidad de una Catalunya independiente y de cómo tendría que hacerlo para integrarse en la Unión Europea.

Estas declaraciones no gustaron nada a Madrid, que presionó al ejecutivo comunitario para no seguir en este camino. Justo después, hubo la primera manifestación masiva en Barcelona pidiendo un estado propio, fue la festividad de aquel año y, aunque 1 millón y medio europeos salieron a la calle, la Comisión se limitó a uno "no comment" (sin comentarios).

Dos meses después, sin embargo, el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, volvía a hacerlo. Almunia aseguraba que "no era honesto" decir "tajantemente" que Catalunya quedaría fuera de la Unión Europea. Poco días después volvía a cambiar el discurso, y aseguraba que "si una parte del territorio de un estado miembro se separara, esta parte quedaría fuera y tendría que volver" a "empezar" el proceso de admisión.

Actualmente, es difícil arrancar de las instituciones europeas un comentario a favor de la situación en Catalunya, incluso con el actual proceso judicial contra los líderes políticos independentistas. El "sin comentarios" se ha instalado en la sala de prensa de Bruselas y, tanto comisarios como portavoces, se limitan a decir que es "una cuestión interna de España" cuando los periodistas preguntan sobre el tema. Eso sí, varios eurodiputados han mostrado a título particular su apoyo al proceso.

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