El sindicato derechista Manos Limpias ha presentado este lunes una querella contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista Francisco Martín, por permitir la acampada del Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol. La agrupación atribuye a Martín la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por omisión del deber de perseguir delitos con motivo de la permisividad del Ejecutivo español ante la protesta. Tanto el gobierno autonómico madrileño como el Ayuntamiento de la capital española reclaman al Gobierno que intervenga y disuelva la acampada, al considerar que es su competencia, si bien Martín aseveró ayer que "mientras no haya disturbios", la Policía Nacional no tiene por qué actuar.
La acampada en la madrileña Puerta del Sol, convocada por el Sindicato de Inquilinos y ya con cerca de 350 tiendas montadas, comenzó el sábado por la noche al acabar la manifestación en protesta por el desahucio de Maricarmen. El caso de la anciana de 87 años a la que un fondo ha echado de la casa en la que ha vivido durante setenta años ha dado la vuelta al mundo y ha devuelto la crisis de la vivienda al centro de la agenda política. El Gobierno negocia un nuevo decreto de vivienda con el resto de los partidos del Congreso de los Diputados como respuesta a la indignación que ha provocado el desahucio. Desde la rama de Sumar del Ejecutivo español exigen que este decreto vaya a la próxima reunión del Consejo de Ministros este martes, tras una negociación a contrarreloj.
Este decreto de vivienda que prepara el Gobierno prevé prohibir a los fondos buitre la compra especulativa de pisos, introducir bonificaciones fiscales para los propietarios que bajen el precio del alquiler y regular los alquileres de temporada. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, también se estudia aumentar el IVA de los pisos turísticos e incorporar ayudas para la compra de una primera vivienda. El Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá conseguir el difícil consenso de los partidos de izquierda y, a su vez, los votos de Junts. Desde el Sindicato de Inquilinas reclaman la aprobación del "decreto Maricarmen" y esperan a su resultado para levantar o no la acampada. Sus portavoces avisan de que no tolerarán un "decreto farsa" con "medidas cosméticas que aporten más decepción y frustración".
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento presionan para disolver la acampada
La permisividad del Gobierno de Pedro Sánchez con la protesta ha generado el enfado del gobierno autonómico y el ayuntamiento de Madrid, ambos en manos del PP. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ejecutivo estatal de actuar "de manera ilegal" por permitirla y no disolverla mediante el despliegue de la Policía Nacional, por lo que ha valorado que "rige la ley de la selva". El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha abierto la puerta a intervenir para disolver la acampada y ha afirmado que están estudiando alternativas si la delegación del Gobierno no actúa.