El Parlament ha superado el trámite para blindar la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026. La cámara catalana ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían presentado Junts, PPC, Vox, la CUP y Aliança Catalana con la mayoría que suman el PSC, ERC y los Comuns, las tres formaciones que previamente han sellado el pacto por las cuentas públicas. Con este impulso parlamentario, el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras mantiene su texto original intacto respecto al redactado del pasado mes de febrero. El ejecutivo catalán prevé que esta norma, que suprimirá 22 tasas, modificará 70 y creará tres nuevas con la intención de “simplificar la burocracia y agilizar los procedimientos”, se apruebe definitivamente en el debate fijado para el próximo 2 de julio para que pueda entrar en vigor inmediatamente.
Esta simplificación administrativa se ve, sobre todo, en las nuevas medidas en materia de vivienda. El pacto alcanzado con ERC se traducirá en enmiendas para desplegar la nueva Autoritat Aeroportuària de Catalunya, además de impulsar un ente compartido con el Estado en una próxima Comisión Bilateral para “coordinar la gobernanza” del sistema aeroportuario catalán. Además, el proyecto legislativo busca controlar el mercado inmobiliario de alquiler obligando al sector público a cruzar datos con el Incasòl, a la vez que castigará con más dureza a aquellos que anuncien precios de forma fraudulenta. La normativa también dotará a las comunidades de vecinos de herramientas de financiación para realizar obras de rehabilitación y reforzará los mecanismos de control para localizar pisos vacíos o que presenten irregularidades.
En cuanto a la carpeta fiscal, la normativa pone al día el canon del agua para los usos doméstico, industrial y ganadero con la vista puesta en los ejercicios de 2027, 2028 y 2030, una actualización de parámetros que estaba congelada desde el año 2017 y que busca asegurar un “marco económico estable” a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Para este mismo 2026, se ha estipulado un incremento del 6% que irá a parar directamente a las arcas de este organismo gestor. En paralelo, el texto incorpora novedades en el IRPF con una bonificación dirigida a los titulares de fincas que estén vinculadas a proyectos de preservación del patrimonio natural; un beneficio fiscal que se situará en los 300 euros si el terreno se encuentra dentro de un espacio protegido y en los 200 euros para el resto de supuestos, con un tramo adicional por hectárea dentro de la red Natura 2000.
Asimismo, la nueva norma acelera la maquinaria legislativa al autorizar la tramitación de urgencia para reglamentos y anteproyectos de ley, una medida que recortará los plazos a la mitad de tiempo, a la vez que fija un margen de dos años para digitalizar completamente las tramitaciones relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la actividad empresarial. Esta sacudida administrativa también se hará notar en el tejido territorial gracias al nacimiento de la nueva Plataforma Urbanística de Catalunya, un portal con pleno reconocimiento legal.