El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido en las partes que se pronunciin sobre si Jordi Sànchez puede salir en libertad un día para ir al pleno de su investidura como presidente de la Generalitat. Y los mujer cinco días. Y todo eso con el reloj en cuenta atrás. La investidura es el lunes. El pleno es el lunes.
Aunque el abogado registró ayer el escrito, han pasado 24 horas —es el procedimiento habitual— hasta que Llarena no ha recibido la petición. Una vez la haya leído veremos si toma la decisión él sobre si deja a Sànchez en libertad por un día o bien pide su opinión en las partes. Eso es lo que decidirá hoy el juez antes de decir si Jordi Sànchez podrá ir o no a la investidura según han explicado a El Nacional fuentes del Tribunal Supremo.
El escrito presentado a Pablo Llarena pide permiso para asistir al debate de investidura del 12 de marzo al Parlamento de Catalunya.
El recurso alerta al Tribunal Supremo de los derechos que se pueden vulnerar y del mal papel en que queda el país ante la justicia europea: "Asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Lo que dirá la fiscalía y la acusación popular, Vox, si se los pregunta, es previsible. Y lo que parece que será la línea del juez al mismo tiempo de decidir es que prevalece el riesgo de reiteración delictiva al derecho político de Sànchez. Pero todavía no hay nada escrito ni decidido.
Y en caso de que el juez diera el permiso habría que ver en qué condiciones se haría la llegada y estancia de Jordi Sànchez en el Parlamento y qué medidas prevé Pablo Llarena. Porque Sànchez está bajo el régimen policial de la Guardia Civil, que es quien haría el traslado, pero no tiene competencias dentro del edificio del Parlamento, donde en teoría no podría entrar para vigilar al presidenciable.