El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una orden de detención para Anna Gabriel. Ha hecho lo que le pedía VOX y la Fiscalía pero se ha quedado a medio camino entre la prudencia y el ridículo.

Ahora mismo la orden de detención no sirve para nada, porque sólo afecta al territorio español y es obvio que Gabriel, que este miércoles no ha comparecido en el Tribunal Supremo, como había anunciado, no piensa poner un pie en España. Está en Ginebra, trabajando en su defensa, y ni ella sabe cuándo podrá volver. Espera que se archive el caso para hacerlo. Y es obvio también, que no se expondrá.

Todos los líderes independentistas que han sido imputados e investigados y han acudido a declarar en el Tribunal Supremo han acabado en la cárcel o pagando fianzas para no ir. Sólo se han salvado de las fianzas Mireia Boya, exdiputada de la CUP; Neus Lloveras, expresidenta de la AMI; Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT y el expresident Artur Mas. Fuentes judiciales ya apuntaban estos días que no tenían sentido estas imputaciones porque ninguno de ellos tuvo ningún papel en la preparación del referéndum del 1-O.

El caso de Gabriel, sin embargo, es diferente. "Le tienen muchas ganas", decían fuentes de su defensa. Y por eso se preparó una estrategia que ha acabado dejando con un palmo de narices a la justicia española. No sin el enojo de la Fiscalía, que en la petición para que detenga y encarcele a Anna Gabriel, le reprocha a Llarena que ya se le escapó el 14 de febrero, el primer día que estaba imputada. El abogado Benet Salellas había pedido un aplazamiento, y eso dio aire y más tiempo a Gabriel, y de paso, tiempo también para no perjudicar Boya, que ya habría declarado cuando se anunciara la estrategia suiza de Gabriel.

Llarena no quiso hacer el ridículo dictando una orden internacional y pidiendo la extradición. Pero lo ha acabado haciendo activando una orden de detención para un territorio que todo el mundo sabe que Anna Gabriel no piensa pisar en meses: el español.

Marcha atrás tres veces

Gabriel queda ahora en la misma situación que el president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, que se establecieron en Bruselas tras la declaración de independencia. Se pueden mover por todas partes menos por el Estado español. Quedó demostrado cuando Puigdemont fue a Copenhague, donde a pesar de la petición de la Fiscalía para cursar de nuevo la euroorden, Llarena se echó atrás.

El magistrado no quiere que la justicia europea deje en mal lugar a la española. Y por eso retiró la euroorden cuando en Bélgica todo parecía indicar que no se aceptaría la extradición de Puigdemont y los consellers.

El juez Llarena ha dado marcha atrás tres veces ya: retirando la euroorden para la extradición de Bruselas, no pidiendo la detención en Copenhague y ahora al no solicitar tampoco una orden internacional para que Interpol vaya a Suiza a buscar a Anna Gabriel. Tres de tres.

La idea del magistrado es cerrar la instrucción y acotar bien los delitos, para cuando cierre el escrito de apertura del juicio, pedir, entonces sí, la extradición. Esto, que debía pasar en abril, podría retrasarse un año, si la causa se declara compleja tal como pidió la Fiscalía.

Un año más de instrucción

Un año más de decisiones judiciales comprometidas para Llarena, a quien se le ha acortado la relación con la Fiscalía, que tiene cada vez más presiones del gobierno español y a quien la acusación popular de VOX pone entre la espada y la pared cuando ahora ya le pide que cite al presidente Mariano Rajoy, tensiona aún más el escenario y aleja cualquier posibilidad de negociación.

Un año más con 4 investigados en prisión y 6 más en el exilio