El Gobierno ha adjudicado a dedo la defensa del magistrado Pablo Llarena por la demanda presentada en Bruselas por parte de la defensa de los exiliados políticos.

La demanda que presentó el president en el exilio, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha obligado a Llarena a presentarse ante la justicia y a hacerlo con un abogado. Aunque el abogado Hakim Boularbah ha facturado unos honorarios de 166.628,62 euros, el total de los gastos judiciales asciende a 545.000€ y se pretenden pagar con recursos públicos cuando son finalidades privadas.

Por eso la Asociación Atenes Juristas por los Derechos Civiles ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, con el objetivo de acreditar que el Estado incumple la ley, para obligar así a Pablo Llarena a pagarse sus abogados, y poner en evidencia de nuevo la corrupción del Consejo General del Poder Judicial y parar la impunidad de los poderes del Estado en sus actuaciones.

La demanda de Puigdemont

La demanda que presentó Puigdemont se basa en la falta de imparcialidad de Pablo Llarena y en la violación de la presunción de inocencia y de otros derechos fundamental y pide 1€ como compensación simbólica para el president y los consellers exiliados, Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Esta demanda, interpuesta en Bruselas, es lo que ha obligado al magistrado a presentarse ante la justicia.

Pablo Llarena hace frente a una denuncia civil presentada por la defensa de los exiliados políticos por sus declaraciones, de las cuales se desprende su parcialidad y su motivación política. "El Ministerio de Justicia y su ministra en aquel momento, Dolores Delgado, se movilizaron para defender al magistrado y han hecho una causa de estado, utilizando recursos públicos para una cuestión privada", dice la asociación Atenes.

Adjudicación a dedo y gratuita para el acusado

La interposición de un recurso contencioso-administrativo es la vía para obligar a Pablo Llarena a pagar a sus abogados de su bolsillo.

Con la adjudicación a dedo de un contrato por valor de 545.000€ para la defensa jurídica de Llarena, el Gobierno ha incumplido los requisitos exigibles para la adjudicación de un contrato público de esta magnitud y, otra vez, vuelve a poner de manifiesto la corrupción del Consejo General del Poder Judicial y que hace falta luchar contra la impunidad de los poderes del Estado.

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