El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pide que el gobierno de Bélgica defienda en sus propios tribunales "la inmunidad de la jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo" demandado por Carles Puigdemont y los consellers en el exilio Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí. La denuncia contra Pablo Llarena está basada en las declaraciones que el magistrado que ha instruido el caso del 1-O ha hecho fuera de los juzgados y avalada por los escritos judiciales del caso.

Lesmes ha pedido al Ministerio de Justicia y al de Exteriores que "aseguren la integridad de la acción del Estado" porque la demanda "pone en cuestión a las instituciones del estado español y la propia corrección del Estado".

Llarena tendría que ir a declarar el 4 de septiembre pero el juez decano de Madrid, que es quien ha recibido la notificación, ha rechazado darle traslado a Llarena porque entra dentro de una de las excepciones del Reglamento europeo porque "la demanda no es civil, pese la apariencia con la que se pretende presentar, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el estado español a través de sus organismos jurisdiccionales".

Según el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, la demanda "se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de la independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa".

"Ante esta situación, le pongo de manifiesto que, más allá de la necesidad de actuación para dispensar la debida protección de los servidores públicos que se ven perturbados en el ejercicio de su función, el texto de la demanda revela que, de manera oblicua, aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado", dice Lesmes.

Lesmes finaliza señalando que, en estas circunstancias, estima "absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que sean procedentes ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica, siempre que, aunque consta el rechazo del emplazamiento, las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita".

Por eso, solicita al ministro de Asuntos Exteriores español que, "de acuerdo con la práctica procesal belga", requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica "para que Bélgica comparezca ante el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado".