El Cuerpo Nacional de la Policia ha protagonizado en los últimos días varias intervenciones contra fiestas ilegales producidas por todo el estado español. En algunos casos, la policía ha penetrado en domicilios sin autorización de un juez con la excusa de prevenir contagios de Covid, actuaciones que han hecho temblar la inviolabilidad del domicilio, un derecho constitucionals en el estado español. 

La intervención de las fiestas ilegales

El estado de alarma a causa de la pandemia supone una situación del estado de derecho excepcional. En este marco, el Estado puede derogar ciertos derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de movimiento, con el fin de proteger el bien común, en este caso, la salud pública.

En el caso de las intervenciones policiales, la pandemia plantea un nuevo paradigma a causa de las fiestas ilegales que ponen en peligro la salud pública. En las últimas semanas, los agentes policiales ha intervenido varias concentraciones de personas no convivents para ser potenciales focos de rebrote.

Más concretamente, el Ministerio del Interior habría autorizado a la policía entrar en los domicilios sin el consentimiento judicial, aferrándose a un supuesto vacío legal en la ley. El pasado 22 de marzo la policía intervino una fiesta ilegal en el barrio de Salamanca, en Madrid. Al negarse a abrir la puerta a los agentes, la policía procedió a abrir la puerta y detener a uno de los asistentes y al titular de la vivienda, considerando que estaban cometiendo un "delito grave de desobediencia" porque no quisieron identificarse. En este sentido, la policía alegaba estar actuando según la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza.

 

La grieta legal

A pesar de eso, el supuesto mecanismo legal que facilitaría este tipo de actuación policial ha quedado obsoleto escasos días después de estos hechos. Después de la detención del 22 de marzo, el juez absolvió al titular de la vivienda para considerar que negarse a identificarse ante de las fuerzas de seguridad no constituye un delito de desobediencia grave, sino una infracción administrativa.

Las actuaciones policiales de esta naturaleza han despertado una ola|oleada de críticas por|para su inconstitucionalidad. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha retrocedido ante la controversia, derogando el control de las fiestas ilegales a la Policía Municipal.

Según El País, los policías de la actuación del 22 de marzo operaron de esta manera bajo la orden de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, desde la cual se les instó a "establecer los dispositivos operativos necesarios, para asegurar, el cumplimiento de las medidas y recomendaciones." Por el contrario, Interior ha negado rotundamente haver dado esta orden. Un portavoz policial ha explicado que la entrada en el domicilio fue "una decisión que tomó el policía según su criterio personal y profesional."

Por su parte, Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Unificado de Policia (SUP) han salido a defender las actuaciones policiales. Carlos Morales, portavoz del SUP, ha argumentado que la polémica busca "demonizar el trabajo policial sin conocer las circunstancias... disculpando la actitud de los que precisamente y de manera egoísta nos ponen en peligro en todos en plena pandemia".

Las preocupaciones de los juristas

La ley mordaza española, que fue gravemente criticada la semana pasada por el Consejo de Europa, despierta las preocupaciones de muchos juristas, que ven peligrar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales a causa de la pandemia.

Según la ley vigente, la policía no puede entrar en un domicilio sin una autorización judicial expresa o el consentimiento del titular. La entrada forzosa en el domicilio sólo se prevé en los casos donde se está cometiendo un "delito flagrante" o se está a punto de cometer, con el fin de prevenirlo.

Además, para poder intervenir, la policía tiene que contar con una causa justificada, como la protección de una víctima o la reunión de pruebas. En el caso de las fiestas ilegales, en el momento que la policía quiere intervenir, el 'delito' ya está cometido, y por lo tanto la intervención policial podría no estar justificada.

 

Foto principal: el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska / Efe

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