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Andreu Viloca, tesorero de Convergència Democràtica (CDC); Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat, siete empresarios y dos trabajadores más del partido, han sido detenidos esta mañana por la Guardia Civil. La operación se enmarca en las investigaciones sobre el pago de presuntas comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones de obra pública que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell.

El president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha asegurado este mediodía que toda la contratación de obra pública de la Generalitat es administrativamente "impecable" y se ha mostrado dispuesto a comparecer ante el Parlament para detallar el sistema que se sigue.  "En infraestructuras de la Generalitat lo pueden mirar todo. Estoy al 100% convencido de que los expedientes son impecables", ha afirmado.

El momento político

Mas ha realizado estas declaraciones en la conferencia de prensa posterior a la firma de la convocatoria del pleno de constitución del Parlament para el lunes que viene. Tras recordar que hace unas semanas la Guardia Civil ya entró en un día simbólico en la sede de la Catdem, Mas ha denunciado que "por parte de la Guardia Civil y de la Fiscalía se está dando una sobreactuación". "No es ajeno al momento político que estamos viviendo. CDC y yo mismo somos objeto de caza mayor", ha afirmado.

El líder de CDC ha insistido en la confianza en las personas encargadas de la gestión y administración de su partido, si bien no ha descartado actuar si se demostrase alguna irregularidad: "Si algun día, alguien me demuestra que no había motivo para esta confianza, yo siempre he tomado decisiones".

Artur Mas tras firmar la convocatoria del pleno de constitución del Parlament / EFE

Fiscales anticorrupción

El registro forma parte de la investigación Petrum 2 sobre el presunto cobro de comisiones por parte de CDC a diversas empresas, entre las cuales la constructura Teyco, que trabajan para la administración y en el estudio de la documentación requisada en una operación policial durante el mes de agosto que comportó el registro de la sede de la Fundació Catdem, vinculada a CDC. También fue registrado el domicilio de Daniel Osàcar, extesorero de CDC, y el despacho de Viloca en la sede del partido.

Diversos agentes aún están llevando a cabo el registro en la sede de CDC. Fernando Bermejo y José Grinda, los dos fiscales anticorrupción encargados del caso también han participado. Viloca ha sido detenido en su domicilio y después trasladado por los agentes a la sede del partido, en la calle Còrsega de Barcelona. El registro de las dependencias se ha realitzado en presencia del administrador.

Registros en ayuntamientos

El Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bages y el de Olot también están siendo registrados en relación con el caso. En total se habrían producido una veintena de registros. En fases anteriores de la investigación también fueron registrados, a la búsqueda de documentos sobre adjudicación de obra pública, los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Figueres, Lloret de Mar y Torredembarra.

En el Ayuntamiento de Olot, actualmente gobernado por ERC con apoyo de la CUP, la Guardia Civil ha requerido el expediente económico de la concesión del servicio de recogida de residuos correspondiente al año 2011, cuando CiU estaba al frente de la alcaldía.

En Sant Fruitós del Bages, los agentes han requerido el expediente relativo a la construcción de un centro cultural, financiado a cargo del llamado "plan Zapatero" y adjudicado en el 2009, cuando este consistorio estaba gobernado por la formación nacionalista.

Sede de Copisa

Agentes de la Guardia Civil también están registrando desde las 10.00 horas de hoy la sede de la constructora Copisa en l'Hospitalet de Llobregat, a la búsqueda de documentos relacionados con la investigación sobre el presunto pago de comisiones del 3% a CDC. Según fuentes próximas al caso, el objetivo de los agentes es confiscar documentación relacionada con expedientes económicos de obra pública llevada a cabo por la constructora y que le haya podido ser adjudicada irregularmente a cambio de comisiones.

Fuentes de la empresa han afirmado que la dirección de Copisa está colaborando con los agentes de la Guardia Civil facilitándoles el acceso a la documentación requerida. Copisa es una de las constructoras que está en el punto de mira de la investigación que dirige la Audiencia Nacional contra Jordi Pujol Ferrusola por el presunto pago de  3,2 millones de euros en comisiones al primogénito del expresidente de la Generalitat. La empresa sostiene que fueron legales y respondían a una remuneración por intermediar en negocios.

Teyco y la Catdem

En el análisis de la documentación confiscada en Torredembarra, de donde partió la operación, los investigadores encontraron indicios de la adjudicación de obras públicas municipales a la empresa Teyco, controlada por la familia Sumarroca, fundadora de CDC, presuntamente a cambio de comisiones ilegales en la fundación Catdem.

Viloca ha sido detenido en su domicilio y posteriormente trasladado por los agentes a la sede de CDC de la calle Còrsega de Barcelona. El registro de las dependencias del partido se ha realizado en presencia del administrador.

El conseller de Empresa i Ocupació y dirigente de CDC Felip Puig ha expresado su "consternación" por la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca, y los registros en diversas empresas y ayuntamientos para investigar comisiones ilegales del 3% por la adjudicación de obras, informa Efe.

Rull: "Buscan el escarnio"

"Es inadmisible para un sistema democrático que la Justicia ponga más énfasis en el espectáculo del registro que en la búsqueda de la verdad, buscan el escarnio". Con esta contundencia ha calificado el registro de Guardia Civil de la sede de CDC, el coordinador general del partido, Josep Rull, y que ha supuesto la detención de tres trabajadores de la formación.

En una comparecencia en una sede de distrito de CDC por el registro al que está sometida la sede nacional, Rull ha compartido la reflexión del presidente de la formación y de la Generalitat, Artur Mas, que momentos antes consideraba la actuación judicial de voluntad "de abatir una pieza clave del proceso hacia un nuevo Estado catalán". "Esta actuación no es casual", remachó.

Rull ha insistido en la "transparencia" de la contabilidad del partido. "Estaremos a disposición de la Justicia siempre, ahora bien cuando hay expresiones de la Justicia o de la Fiscalía que buscar un escarnio para abatir una pieza básica del proceso, nos tendrán enfrente ahora y siempre", avisó. Para Rull, estos movimientos no harán descarrilar el proceso.