La Fiscalía Superior de Catalunya se opone a la admisión a trámite de las querellas y denuncias de Vox, Cs y Convivencia Cívica Catalana contra el Gobierno por la aprobación del decreto ley de los avales del Institut Català de Finances (ICF) a los encausados por la acción exterior de la Generalitat en el Tribunal de Cuentas. "La mera articulación de un mecanismo de aval que, de manera provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo que involucre a un funcionario o autoridad, no implica en sí misma que cause un perjuicio al patrimonio público ni, por lo tanto, un delito de malversación de fondos públicos", dice el escrito del ministerio público.

Sin el aval de la Fiscalía es poco probable que las querellas se admitan a trámite y empiecen su camino judicial contra el Govern de la Generalitat. Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien tiene que posicionarse. Vox ha denunciado al president, Pere Aragonès; al conseller de Economía, Jaume Giró, y a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, por los delitos de prevaricación administrativa y malversación. Convivencia Cívica Catalana ha denunciado solo a Pere Aragonès por los mismos delitos. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, denunció a la Fiscalía el Consejo de Govern de la Generalitat por un delito de malversación.

Según el informe del ministerio público "la imprescindible legitimidad que tiene que revestir toda actuación de los poderes públicos" no se puede ver afectada por ningún acto que pueda perjudicar a un cargo público "a consecuencia del ejercicio legítimo del cargo público que ocupa", a la vez que la misma Constitución avala el procedimiento seguido: "Los actos políticos del Govern y el ejercicio de sus facultades discrecionales sólo están sometidos a la Constitución y al bloque de la constitucionalidad, en el que inserta el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y su control tiene que respetar en todo caso el principio de la división de poderes".

La Fiscalía es clara en sus conclusiones y dice que "no resulta de ninguna manera acreditada la conducta imputada por los querellados, en el sentido que estuvieran generando un doble perjuicio para la Administración autonómica de Catalunya, al tiempo que no sólo no recupera el dinero malversado por sus exdirigentes, sino que lo avanza para que estos no vean afectado su patrimonio".

 

 

La Fiscalía, en su informe, avala la manera de proceder del Govern de manera clara: "La mera articulación de un mecanismo de aval que, de manera provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo en el cual se vea involucrado un funcionario o autoridad, no implica en ella misma la causación de un perjuicio al patrimonio público ni, en consecuencia, la existencia de delito de malversación de dinero público". Añade que "la Administración autonómica avaladora sigue conservando el control sobre tales recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su debido retorno".