La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado una querella contra la alcaldesa de Cubelles, Rosa Maria Fonoll, por prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. La acusación es por la adhesión del Ayuntamiento al AMI, el Associació de Municipis per la Independència, y por los pagos de afiliación a la entidad hechos por el consistorio.

El Ministerio Público actúa después de que el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Cubelles denunciara los hechos en julio del año pasado. La Fiscalía cifra en 2.231 euros los pagos irregulares que se habrían hecho desde el ayuntamiento. La adhesión al AMI se hace en el pleno del 20 de octubre del 2015 pero no es hasta el 2019 que el TSJC posiciona al respecto a partir de una sentencia a raíz de un recurso de la Delegación del Gobierno de Catalunya que denuncia estas adhesiones y pide su impugnación. Por lo tanto, la querella de la Fiscalía se centra en los pagos que se hicieron los años 2019 y 2020.

Según la Fiscalía, la alcaldesa ignoró los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el interventor del consistorio y dictó "decretos que no tenían ningún encaje en el marco de las competencias que tenía legalmente atribuidas". Y lo hizo, según el ministerio público, "abusando del ejercicio de las atribuciones propias de su cargo y con pleno dominio de los caudales públicos del ente local que representa y preside".
 

 

El pleno de Cubelles aprobó en el 2015 adherirse al AMI y pagar la cuota correspondiente, después de lo que el TSJC estimó --en un procedimiento que afectaba en otro municipio-- un recurso de la Delegación de Gobierno, con lo que falló que la afiliación a la entidad independentista "sobrepasa el ámbito de las competencias locales".

La fiscal señala que varias sentencias ratificaron esta doctrina, después de lo que en los informes de fiscalización la interventora del Ayuntamiento hizo la "expresa advertencia que el acuerdo de pagar la cuota" infringía la ley.

No obstante, la alcaldesa, después de las advertencias de la interventora, ordenó pagar las cuotas de 1.115 euros para los años 2019 y 2020 supuestamente sabiendo que suponía un "abuso" de sus competencias en el cargo. Estos pagos, sostiene a la fiscal en el escrito de la querella, causaron un "perjuicio a la hacienda de la corporación local de 2.231 euros, no habiendo devuelto hasta hoy el importe de las cantidades desviadas."

"Conducta contraría al derecho"

La querella constata que, a pesar que se dictaron varios decretos en los años previos para aprobar estos pagos, no fue hasta 2019 cuando la alcaldesa tiene una "conducta contraria a Derecho", que "se manifiesta abierta y patentemente ilegal".

Fiscalia se refiere así a los reiterados pronunciamientos que hizo la Sala contenciosa administrativa del TSJC sobre esta cuestión, en los cuales argumentó que el pago de adhesión al AMI "sobrepasa el ámbito de las competencias locales".

La fiscal subraya, en este sentido, las "reiteradas advertencias de ilegalidad formuladas por la propia Intervención del ayuntamiento de Cubelles de 26 de abril de 2019 y de 28 de marzo de 2021, que se hacían eco de la referida doctrina," pero que la alcaldesa "decidió ignorar, dictando unos decretos que no tenían ningún encaje en el marco de las competencias que tenía legalmente atribuidas."

Por eso, esgrime el ministerio público, los actos realizados por la alcaldesa a partir de 2019 "van más allá de la mera ilegalidad, controlables y revisables mediante los recursos, especialmente los que se resuelven por la jurisdicción contenciosoadministrativa, siendo susceptibles de constituir un delito de prevaricación administrativa".