Después de Òmnium y la CUP, llega el turno de la ANC. La Assemblea Nacional Catalana ha anunciado hoy las acciones legales que impulsa para hacer frente al CatalanGate y para defender a las cinco víctimas del masivo caso de espionaje que son miembros de la entidad independentista. Un escándalo que ha llegado a afectar a las esferas más altas de la Asamblea: su presidenta, Elisenda Paluzie, fue una de las espiadas, junto con el expresidente Jordi Sànchez, ahora secretario general de Junts (y que fue espiado cuándo era al frente de la entidad). Y también tres miembros más, Arià Baye, Sònia Urpí y Jordi Domingo. Desde Bruselas, al día siguiente que se destapara el caso el independentismo ya anunció que emprendería la vía judicial. Este miércoles han explicado las querellas que presentan.
El contenido de la denuncia lo ha expresado el abogado de la entidad, Antoni Abat, que ha querido destacar algunos de los elementos diferenciadores respecto a las otras. Así, se presenta en nombre de las cinco personas a afectadas, pero no se sitúa la empresa israelí NSO, encargada del software Pegasus, como objetivo de la ofensiva judicial. De hecho, destacan que "todo parece indicar" que el culpable del espionaje es algún elemento del Estado español, como el CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil, y por lo tanto piden "amparo y auxilio judicial" para que el juez pida así la desclasificación de documentos y pueda saberse quién pidió exactamente el espionaje.
"Nos centramos en la vulneración de derechos fundamentales, el convenio de Derechos Humanos y el derecho de asociación. También el derecho a la intimidad, la libertad ideológica y de expresión," explican fuentes de la Asamblea. Así, recuerdan que hay sentencias del Tribunal Europeo sobre cuestiones similares que se pronuncian en esta dirección, y por lo tanto prevén que pueden salir beneficiados. Por otra parte, recuerdan que la investigación la impulsó el laboratorio Citizen Lab, pero que tres de los cinco casos que afectan a la Asamblea han sido probados también por Amnistía Internacional.
Los primeros, Òmnium y la CUP
Òmnium Cultural ya fue la primera entidad afectada a presentar querellas por el CatalanGate. La organización lo hizo el 2 de mayo en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, con la intención de sumar presión a la investigación que este juzgado ya impulsa. La querella, en representación de la organización y portavoz Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez, y de Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart, pretende demostrar la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje. Por parte de la CUP, su querella se anunció el mismo día, pocas horas después de Òmnium, y también lo hizo al juzgado de instrucción 32 de Barcelona en representación de los diputados Carles Riera y Albert Botran, y el exdiputado David Fernàndez. La ofensiva se dirigía contra NSO Group, empresa propietaria del software espía Pegasus, por un delito contra la intimidad, y concretamente por descubrimiento y revelación de secretos.
Ambas organizaciones optaron por dirigir las querellas al juzgado de instrucción 32 de Barcelona porque desde octubre del 2020 ya investiga el ataque con Pegasus a los móviles del entonces presidente del Parlamento y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y del concejal y exdiputado de ERC, Ernest Maragall. Ahora bien, el titular de este juzgado optó por deshacerse de las querellas este mismo lunes, cuando indicó que las querellas se presentaran al decanato para que sean repartidas entre uno de los 33 juzgados de instrucción que hay en la ciudad. Su intención es que los documentos de Òmnium Cultural y la CUP no se sumen a la causa inicial de Torrent y Maragall, pero cuando estas dos querellas recaiga en un nuevo juez de instrucción, este podría resolver que el juez de instrucción 32 ya tiene una causa contra Pegasus y hay elementos de conexión suficientes para que se quede la querella y se la devuelva.
La misma estrategia de la ANC
Conocedores de eso, la Asamblea ha optado por la misma estrategia de Òmnium y la CUP. La entidad independentista también ha presentado esta querella al juzgado 32 de Barcelona, conocedores de que es probable que el titular opte de nuevo por deshacerse de esta causa y dirigirla a otro juzgado de la ciudad. "Prevemos que el juez del 32 hará lo mismo. Eso puede dilatar la instrucción de las querellas, pero no está en nuestras manos", han informado fuentes de la ANC. La intención, pues, es que las querellas de la Asamblea se sumen a las de Òmnium y la CUP a fin de que se acumulen y constaten que se trata de una "macrocausa contra el independentismo". Por otra parte, rechazan la posibilidad de que el caso acabe a manos de la Audiencia Nacional, porque consideran esta una causa diferente de la que puede abrirse ahora por el espionaje al presidente español, Pedro Sánchez. "Que después lo hagan o no es sólo especular", avisan con cautela.