El Ministerio de Justicia ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se pronuncie sobre la huelga de jueces convocada para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas legales en materia de justicia que impulsa el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal. Además, según adelanta El País, Justicia pide tomar medidas para descontar la parte proporcional del sueldo a aquellos jueces y fiscales que participen en la convocatoria y que determine si se considera legal la convocatoria de huelga. Las asociaciones mayoritarias de la magistratura han convocado una concentración ante el Tribunal Supremo este sábado y tres días de huelga. Ante este escenario, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha convocado para este jueves un pleno extraordinario a las 10.00 horas para intentar tomar una postura.

El derecho a huelga de los jueces

El Ministerio dirigido por Félix Bolaños exige al CGPJ que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga, tal como hizo en febrero de 2009, cuando concluyó que los jueces no tienen derecho a esta forma de protesta. La convocatoria de huelga ha sido impulsada por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por las dos reformas en materia de justicia anunciada por el Gobierno. Por una parte, la que prevé cambios en la reforma de acceso a las dos carreras, y por otra, la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de fiscales la instrucción de las causas penales.

El debate sobre si los jueces y fiscales tienen derecho a hacer una huelga hace semanas que está sobre la mesa. Los bloques progresistas y conservadores tienen posturas contrarias, mientras que los progresistas consideran que los miembros de la carrera judicial no tienen derecho a huelga, los conservadores creen que sí lo tienen porque es un derecho constitucional que solo puede limitarse por ley, lo que no se ha dado en este caso. Sin embargo, sí coinciden en que el CGPJ no tiene competencias para decidir si los jueces pueden hacer huelga, y por lo tanto tampoco pueden fijar los servicios mínimos, un requisito indispensable en todas las huelgas de servicios esenciales. En el escrito enviado al CGPJ le advierte que, en caso de que considere que la huelga es legal, tendrá que trasladarle "los servicios mínimos que establezca".

En relación con el descuento del sueldo el día de la huelga, Justicia ya lo hizo en 2018 a todos los que secundaron la huelga, pero la Audiencia Nacional estudió el recurso de un juez, y concluyó que el Ministerio no es competente para descontar el dinero y obligó a devolver el importe. En el escrito firmado por la directora general para el servicio público de Justicia, Verónica Ollé, exige al CGPJ que fije una postura sobre la huelga. Y en caso de que considere que jueces y fiscales tienen derecho a secundarla, el Gobierno insta al CGPJ a que les facilite "la lista de personas que secunden diariamente la huelga antes de las 14.00 horas de cada día de huelga convocado, a efectos de efectuar la detracción de haberes correspondientes". Si, en cambio, determina que no tienen derecho, "tendrá que adoptar las medidas que correspondan con la finalidad de sacar igualmente los haberes correspondientes a estas personas, ante la eventual responsabilidad en que podría incurrir el CGPJ o este Centro Directivo por el pago del salario con dinero público a quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada".