La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha comparecido en el Congreso para exponer los planes de su ministerio, donde ha anunciado un estudio orientado a ilegalizar "aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo", como es el caso la Fundación Franco. En segundo lugar, ha explicado que se impulsaría una reforma de la Ley de memoria histórica de 2007 ―en la línea que el PSOE propuso cuando estaba en la oposición―, planes de investigación de desaparecidos, víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación, que asumirá el Ejecutivo.
El objetivo de Delgado es garantizar el "derecho a la reparación de las víctimas", sin "calificar" a las de uno y otro bando, sino bajo la idea de "cumplir con los parámetros de los derechos humanos, derecho internacional, derecho comunitario", ha insistido. Se contará con el apoyo de expertos en materias relacionadas con el derecho, la arqueología, la antropología forense, asociaciones de víctimas y memorialistas. Las acciones llevadas a cabo ―datos de exhumación, personas localizadas, peticiones registradas, estudios sin resultado...― se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o de la comunidad.
En segundo término, la reforma de la Ley de memoria histórica irá orientada a la creación de comisiones de la verdad, exhumar a Franco para "resignificar" el papel del Valle de los Caídos, suprimir los vestigios y símbolos de la guerra y la dictadura franquista, lo que se forzaría por medio de sanciones. Además, se declarará la nulidad de los tribunales de excepción franquistas (Tribunales de Orden Público) y sus sentencias condenatorias.