La crisis energética y de materias primas que hace un año que arrastramos está provocando una escalada casi imparable de la inflación y una extrema volatilidad de los precios. De cara a los consumidores y ciudadanos se traduce en facturas mayores a la hora de ir al supermercado o a la hora de poner gasolina en el coche. Ante este fenómeno el Gobierno ha aplicado varias medidas como la rebaja de los 20 céntimos de la gasolina, la rebaja de impuestos a la luz o el tope del gas acordado con la UE. Ahora bien, hay otro problema que todavía no ha sido abordado, los presupuestos de las licitaciones de obras públicas, que es precisamente el que quiere abordar Junts per Catalunya con una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso ElNacional.cat.

La idea del partido catalán es poner en marcha un mecanismo que permita, de forma "ágil y rápida", corregir los presupuestos de licitación de las obras públicas en función del aumento o reducción de los precios porque con la variación al alza de los precios muchos de los concursos están quedando desiertos o el contratista renuncia a llevar a cabo la obra encargada, ya que si hicieran el encargo podrían llegar a perder dinero. Visto el panorama, el mecanismo propuesto por Junts estaría basado en el uso de fórmulas oficiales que se recogen en el Real Decreto 1359/2011 por el cual se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas, y de los índices oficiales de precios de los materiales que aprueba periódicamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Pero no solo eso, Junts también pide al Gobierno que se establezca "con carácter general" que todas las licitaciones de obra pública en las que se les haya actualizado el precio del presupuesto de acuerdo con el régimen anterior, incluya en su pliegue de cláusulas administrativas el mecanismo extraordinario de revisión de precios que se aplicará desde el momento de inicio de las obras hasta su conclusión, sin restricción ni de tiempo ni de volumen de obra ejecutada, y, por lo tanto, aplicar la revisión de precios desde el inicio de las obras sin las actuales restricciones existentes en la ley, el transcurso de dos años y la ejecución del 20% de la obra.

Esta nueva propuesta llega después de que un total de 39 obras públicas en Catalunya han quedado desiertas este año por un valor total 12.492.866 millones de euros, según los últimos datos de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC). Si cogemos los datos de 2021, el número de concursos desiertos aumenta hasta los 285 y el valor aumenta hasta los 64.494.591 millones de euros. En todo eso habría que sumarle todas las obras ya licitadas que finalmente han sido rechazadas una vez ya estaban adjudicadas.

De hecho, el presidente de la Cambra, Joaquim Llansó ya pidió durante el mes de abril a las administraciones que introdujeran fórmulas de indexación en los contratos para recoger la subida de los precios y así evitar que los concursos queden desiertos o que, directamente, no se presente nadie. "Necesitamos que haya mecanismos de adaptación de precios de manera ágil y rápida a todas las obras que salgan a concurso", aseguró el presidente de la CCOC, que también exigió, tanto a la Generalitat como al Gobierno "mecanismos de reequilibrio contractual".